En relación a ello, el subdirector Nacional de Migraciones, Julián Curi, detalló que entre los años 2005 y 2015 entraron al país dos millones y medio de extranjeros, mientras que sólo se expulsaron 30 personas en toda la década, explicando además que según la normativa actual, Migraciones tiene la obligación de retirar la residencia y expulsar a los extranjeros condenados por delitos con penas mayores a 5 años de prisión, pero en la práctica se hace imposible por los vericuetos del proceso recursivo, al que esta gente apela constantemente y así permanecen en el país por años.
Asimismo, entre otros detalles, se dio a conocer que la ley no obliga a informar a los juzgados de los extranjeros detenidos, por lo cual se tiene un desconocimiento absoluto sobre el estado de las causas, y que si bien los aeropuertos recibían notificaciones de las búsquedas internacionales de Interpol, al asumir en esta nueva gestión, se dieron con la novedad de que no se encontraban conectados on line y en tiempo real con ese sistema de seguridad internacional.
"Ahora estamos profundizando los acuerdos de intercambio de información y mejorando los pasos fronterizos y su parque informático"- señaló el funcionario.
"Están muchos años dando vueltas sin resolución firme, porque el proceso recursivo para discutir la expulsión es extremadamente largo", sostuvo Curi, y como ejemplo puso el caso del narcotraficante peruano Marcos Antonio Estrada González, "al que se lo busca expulsar hace 8 años", todavía sin éxito.
"Pero hay muchos casos como ese", explicó, porque en general "los narcotraficantes tienen muy buenos abogados o porque el propio defensor oficial apela". Y agregó que además la ley pide que el delincuente a expulsar brinde su consentimiento, lo que en general no sucede y demora más el trámite.
