El juez federal Casanello pidió información al Ministerio de Defensa y al Congreso para avanzar en una denuncia penal contra varios integrantes del Gobierno de Mauricio Macri, por la presunta comisión de delitos en el marco de la supuesta compra por más de 2.000 millones de dólares de armamento de uso bélico para combatir al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado.
Se solicitó además el allanamiento de las oficinas del Ministerio de Defensa y un informe al Congreso sobre los viajes a EE.UU. de los diputados.
El magistrado libró las órdenes de presentación con allanamiento en subsidio en el Ministerio de Defensa, organismo que entregó voluntariamente la documentación requerida. Sobre los diputados, el juez pidió al Congreso que informe sobre viajes que habrían realizado a Estados Unidos por supuestas "negociaciones" que pudieran tener vinculación con la denuncia.
Picardi decidió dejar de lado a Mauricio Macri y Marcos Peña, quienes también figuraban como denunciados, dado que podrían no haber participado del acto, así como también descartó la imputación, en principio, de Martín Lousteau, quien ofició como nexo intermediario de la operación.
Se trata de la denuncia de un grupo de diputados nacionales del bloque FPV-PJ, encabezados por su titular Héctor Recalde, contra el propio presidente Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau y los diputados nacionales, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.
El fiscal había pedido además la declaración de Lousteau, pero el juez por ahora no la ordenó, indicaron las fuentes.
Para los diputados se trata de "una clara violación de la ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones".
La justicia intenta determinar porqué las tratativas se hicieron en secreto cuando existe el Servicio Logístico de la Defensa que es el organismo que asume bajo su órbita la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto (Ley N 22.520).
Según la denuncia, el material bélico incluía 12 helicópteros de ataque Cobra con ametralladoras, lanzagranadas y misiles por 132 millones de dólares para el Ejército; 38 aviones para la Fuerza Aérea por U$S 546 millones; y dos aviones Orion y 24 vehículos anfibios para la Armada Argentina por otros U$S 130 millones.
