El 22 de julio del año pasado, el pastor Jorge de Sousa Matías le dijo a un confidente desde su teléfono celular, claramente preocupado: "No para que lo comentes, pero por ahora estamos mal, nos bajaron todo y hace tres días que están abriendo cada caja. Sigan orando".
Quizás, de cara a la situación, el hombre necesitaba más que plegarias para salvarse. Cuatro días después de ese llamado, De Sousa Matías recibió una comunicación de una mujer de su entorno con una sugerencia un poco inusual para un hombre de su investidura y fe: "Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que se pueda hablar?". "Buena idea", respondió el hombre: "Estamos viendo lo del político influyente".
De Sousa Matías, al momento de esa comunicación, era el vicerrector de la Universidad Adventista del Plata, el ala educativa en Entre Ríos de uno de los mayores cultos cristianos de la Argentina, precisamente, la Iglesia Adventista, o la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, tal como está registrada ante la AFIP, con 1055 templos inscriptos en su unión en todo el país.
Sin embargo, lo que De Sousa Matías ignoraba al hablar con tanta preocupación era que su teléfono estaba siendo intervenido por orden del juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa instruida junto al secretario Matías Latino. Luego el vicerector fue detenido.
La cúpula nacional del culto cayó procesado con De Sousa Matías. Fueron investigados Carlos Ursus Gill Krug, también pastor y presidente de la Asociación, la cabeza nacional del culto, Carlos Daniel Gimenez Graf, su tesorero y Roberto Osvaldo Giaccarini, director de ADRA, la asociación de ayuda humanitaria del culto así como apoderado de la Asociación. La acusación es por contrabando.
