ASISTENCIA 24 HORAS

Diputados aprobó el proyecto de protección a las víctimas de delitos

La iniciativa contempla el asesoramiento gratuito de un abogado a la víctima, entendiendo como tal a toda persona que haya sufrido daños o lesiones físicas o mentales, o menoscabo como consecuencia de la comisión de un delito.

Media sanción para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito con atención las 24 horas
Media sanción para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito con atención las 24 horas

Asi explicó el proyecto la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos. La Cámara baja aprobó ayer en general, por 212 votos, el proyecto de ley que establece un régimen de protección a las víctimas de delitos.

Fue presentado por el Frente Renovador con el apoyo del resto de los bloques. En la misma sesión, Diputados debatirá la declaración de la obligatoriedad de la sala de 3 años en el Sistema Educativo Inicial y la prohibición de las carreras de galgos, entre otros temas.

La iniciativa crea centros de Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito con atención las 24 horas, en las que habrían médicos, psicólogos, asistentes sociales y peritos.

También en la reunión plenaria del cuerpo se debatirá un dictamen de la comisión de Legislación Penal que, impulsado por el massismo, endurece las penas por la tenencia y portación de armas, e incorpora las definiciones de "armas de fuego", "portación" y "acopio".

Sergio Massa, autor de la iniciativa junto a Graciela Camaño, sostuvo: "Sabemos que es importante para el momento de la llegada a la línea de reparación de la Justicia el papel que pueda jugar cada uno de los que fueron víctimas de un delito en el proceso -dijo-. Tenemos la satisfacción de que a partir de esta ley comenzamos a reparar parte de los daños que el Estado viene cometiendo".

Prohibición de carreras de galgos

Durante la sesión, que se estima podría extenderse doce horas, también se buscará convertir en ley el proyecto que prohíbe las carreras de galgos en todo el país, que busca castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de hasta 80.000 pesos a quien realice, promueva u organice esa actividad.

Se trata de un proyecto que generó fuerte polémica y reacciones tanto en contra como a favor por parte de las organizaciones proteccionistas de animales y los galgueros, y por lo cual se esperan marchas en las adyacencias del Congreso.

Incluso el presidente Mauricio Macri expresó en redes sociales su respaldo a "los proyectos que proponen terminar con las carreras de galgos en todo el país, para evitar que se siga lucrando con el sufrimiento de los animales".

Declaran obligatoria la sala de tres años

La Cámara baja convalidó por amplia mayoría el proyecto impulsado por el gobierno nacional que tiene como objetivo lograr la inclusión de unos 400.000 alumnos en el primer año del nivel inicial.

La iniciativa fue sancionada por 206 votos con el respaldo del interbloque Cambiemos, del Frente Renovador, el kirchnerismo y otras bancadas menores, mientras el rechazo cosechó cinco votos, de los cuales tres fueron aportados por Compromiso Federal, mientras que la izquierda se abstuvo.

El proyecto logró un amplio consenso dado que el oficialismo aceptó incorporar una reforma para que el Estado garantice los recursos no solo para la construcción de los jardines sino para los gastos corrientes que demandará los salarios del personal.

Este punto fue la principal crítica expuesta en el debate por los bloques opositores que reclamaban que el financiamiento a las provincias desde el gobierno nacional.

Otro de los debates que se planteó es si el Estado debe obligar a los padres a escolarizar a sus hijos a los tres años, y así lo planteó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien dijo que "se debe garantizar el acceso" a la sala de 3 pero "no debería ser obligatorio".

El proyecto establece "la obligatoriedad escolar en todo el país y se extiende desde la edad de tres (3) años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria".

Además fija que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrán la responsabilidad de celebrar acuerdos con el fin de crear gradualmente "las condiciones para hacer efectivo el derecho de las niñas y los niños a la educación inicial a partir de los tres (3) años, atendiendo las desigualdades sociales y educativas".

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