Uno de los mayores símbolos del terrorismo de Estado volverá a ocupar una celda común.
El falló lo dictó la Sala IV, y contó con el voto favorable de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes consideraron que el ex policía está en condiciones de cumplir su condena en la cárcel bajo cuidados médicos. Hornos definió la prisión domiciliaria como una "decisión jurisdiccional que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva invocación de que concurre en el caso alguno de los presupuestos legales que, en principio, habilitan su concesión".
Para Borinsky si bien "los informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense dan cuenta de las patologías que padece el imputado", eso no implica "impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías".
Juan Carlos Gemignani votó en disidencia y aseguró que es "menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto al derecho a la salud de los imputados".
La fiscal Ángeles Ramos, responsable de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado había interpuesto un recurso para dar marcha atrás con la decisión del Tribunal Oral 6, integrado por José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero, que hace casi tres meses le concedió el arresto domiciliario a quien fuera la mano derecha del general Ramón Camps al frente de la policía Bonaerense. El ex comisario tiene tres condenas a perpetua.
Ramos argumentó ante la Cámara que el fallo del TOF 6 fue “carente de fundamentación”, basado en estudios médicos “parciales” sobre la salud del represor, de 88 años. “Nadie niega que tiene patologías pero estaba bien atendido en donde estaba. El TOF 6 unió edad y patología y lo sacó de la cárcel”, había dicho ayer. También consideró que hubo una “errónea interpretación y aplicación de normas sustantivas y procesales”. Y recordó que el ex comisario había violado un arresto domiciliario en 2006.
Desde su arribo a la casa del Bosque Peralta Ramos, el genocida fue objeto de diversos escraches por parte de organismos de derechos humanos y los propios vecinos, que repudiaron su presencia. Durante su estadía en la ciudad balnearia, el Colectivo de Ex Hijxs de Genocidas, integrado entre otros por la hija del ex comisario, también apeló a la Justicia.
Entre los hechos por los cuales fue condenado Etchecolatz figura La Noche de los Lapices, el secuestro de estudiantes secundarios platenses en septiembre de 1976, así como las vejaciones masivas cometidas en el llamado Circuito Camps y en el campo de concentración de La Cacha.
También se lo responsabiliza por el operativo en el que murió la hija de Chicha Mariani y en el que desapareció la nieta de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Y sobre él se ciernen las sospechas respecto de la desaparición de Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006. López, sobreviviente de la represión en dictadura, fue el testigo clave en el primer juicio en el que Etchecolatz fue condenado a perpetua.
