La ex mandataria anunció que la gira es para mantener reuniones con dirigentes políticos y brindar charlas en Grecia, el Parlamento Europeo y la gira finaliza en Lóndres,donde está previsto que brinde una conferencia en la Universidad de Oxford, según consta en el itinerario difundido a los medios por voceros kirchneristas.
Fuentes judiciales consignaron a Telam que la ex presidenta obtuvo el aval del juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo el expediente por el que está procesada por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
Además indicaron que, en un dictamen que remitió a Bonadio, el fiscal Carlos Rívolo -que interviene en el expediente conocido con el nombre de Los Sauces- no mostró oposición al requerimiento de Cristina.
En ese expediente, Cristina Fernández de Kirchner fue procesada como "autora penalmente responsable" de los delitos de "asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad" y de "negociaciones incompatibles" con su función.
Se trata del tercer procesamiento en su contra, dado que se sumó al que pesa sobre ella en la causa por las operaciones de dólar a futuro del final de su mandato, y el dispuesto en el expediente que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del actualmente detenido empresario Lázaro Báez.
Dispuesta a emprender una gira política por Europa en mayo, la ex jefa de Estado presentó esta semana el pedido de autorización para salir del país a Bonadio y también al juez Julián Ercolini, a cargo del expediente por la obra pública.
Ambos jueces le corrieron vista a los fiscales que intervienen en cada caso para que dieran una opinión no vinculante: el fiscal Gerardo Pollicita dijo ayer al juez Ercolini que no había inconveniente, mientras Rívolo respondió hoy en la misma dirección. El juez Ercolini autorizó ayer el viaje, en tanto ahora debe expedirse Bonadio.
La prohibición de salida del territorio nacional que pesa sobre la ex mandataria no sería absoluta, pero tiene la obligación de pedir permiso e informar fechas e itinerario antes de emprender un viaje, explicaron las fuentes.
