Pero además Página12 sostuvo que accedió al origen de la decisión del magistrado: la declaración de un efectivo de la Prefectura Naval, el mismo que había encabezado los procedimientos anteriores, que sugirió volver a rastrillar el río una vez más “dadas las características irregulares y las ramas” de ese curso de agua.
En la resolución, fechada el 13 de octubre, Lleral explicó que también tuvo en cuenta los testimonios de los mapuches que señalan el lugar donde Maldonado fue visto por última vez y detalló que el operativo se realizó sólo con personal de Prefectura y sin que ninguno de ellos porte armas.
“Ello es así puesto que tengo en consideración los sucesos derivados de anteriores diligencias cumplidas con la intervención de otras fuerzas de seguridad, y la interacción con los ocupantes del lugar que pusieron a la luz un alto grado de tensión y violencia”, expresó el nuevo magistrado del caso, en obvia alusión a los allanamientos ordenados por su antecesor, Guido Otranto.
Y explicó que tomaba una serie de recaudos, tales como no permitir la participación de ningún funcionario del Poder Ejecutivo, a partir de los intereses en juego que, según consideró, han afectado el caso. Sin embargo, en la parte dispositiva requirió “al secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, que de manera coordinada con la Dirección Nacional de Cinotecnia, arbitre los medios necesarios para contar con canes especializados en la búsqueda de restos humanos en agua”.
