Díaz Gilligan renunció hace una semana. El escándalo que determinó su salida del Gobierno se desató cuando el diario español El País reveló que ocultó una cuenta en la Banca Privada de Andorra, en la que tenía depositados 1,2 millones de dólares.
Al pedido del radicalismo y la Coalición Cívica de que fuera apartado del cargo, en las horas previas a la renuncia de Díaz Gilligan se sumó la denuncia por presunto lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de su declaración jurada, que en su contra formuló el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade.
“Omitió intencional y maliciosamente brindar información sobre su real situación patrimonial con el claro objetivo de sustraerse de todo tipo de control por parte de los organismos públicos y de la sociedad en general”, señaló el legislador, quien recordó que las "empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos, respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal".
Según publicó El País, Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma “Line Action”, dedicada a la compra y venta de jugadores, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un 100 por ciento a la empresa panameña denominada “Nashville North Inc”.
La denuncia de Tailhade quedó en manos del juez Claudio Bonadio y Mángano, quién ahora consideró preciso investigar a Díaz Gilligan.
La fiscal señaló, en su requerimiento al magistrado, que es preciso determinar si el ex funcionario administró, disimuló y/o procuró que se insertará en el mercado dinero de origen ilícito; ello a través de las firmas "Line Action" y "Nashville North Inc" cuyo rubro es el de "transferencias de jugadores de fútbol".
Mángano dijo que Díaz Gilligan “ejerció funciones como Subsecretario General de la Presidencia de la Nación” desde diciembre de 2015 hasta el día de su renuncia y también que “anteriormente desempeñó funciones en el Gobierno de la Ciudad”, y remarca: “En ese contexto, y a los fines descriptos precedentemente, el nombrado no habría informado la suma de 1.2 millones de dólares al momento de presentar las declaraciones juradas respectivas ante la Oficina Anticorrupción, según lo normado por el art. 4 de la ley Nº 25.188 de Ética Pública”.
Por ello, la fiscal solicitó diversas medidas de prueba de carácter patrimonial y las declaraciones juradas presentadas por Díaz Gilligan.
