El contacto permitirá el intercambio de información, aunque no trascendieron detalles del contenido ni nombres de los funcionarios argentinos involucrados, mientras que todos los pedidos formales de exhortos que hagan a partir de ahora jueces y fiscales se realizarán a través del convenio de cooperación bilateral, informó el Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado.
Participaron de la reunión los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas y los fiscales Sergio Rodríguez y Franco Picardi, además de Ignacio Irigaray, funcionario de la Oficina Anticorrupción.
Los cuatro jueces llevan adelante investigaciones a nivel local sobre el presunto pago de sobornos de Odebrecht para acceder a la obra pública, entre ellas las obras de soterramiento del Tren Sarmiento, por las reformas impulsadas por AySA y también en la ampliación de gasoducto Norte y Sur en el país.
La reunión fue programada con fiscales de la Unidad FCPA (Foreing Corrupt Practices Act), especializados en corrupción y soborno extranjero, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y allí los funcionarios argentinos accedieron a información de una base elaborada a partir de las confesiones de los "arrepentidos" de Odebrecht y los documentos aportados por la firma brasileña en el marco del acuerdo que le permitió seguir haciendo negocios en ese país a cambio de pagar una multa millonaria.
La invitación a la delegación argentina había sido cursada formalmente en junio pasado a través de una carta firmada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI, dirigida al ministro de Justicia, Germán Garavano.
La audiencia se produjo además luego de que el Poder Ejecutivo concretara la suspensión "de modo preventivo" por un año de la constructora Odebrecht para participar de licitaciones con el Estado y tras la decisión de la empresa de desprenderse de sus acciones dentro del consorcio del soterramiento del Sarmiento, ahora a cargo de la italiana Ghella, que pasará a tener el 70% de la operación.
La reunión fue programada con fiscales de la Unidad FCPA (Foreing Corrupt Practices Act), especializados en corrupción y soborno extranjero, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y allí los funcionarios argentinos accedieron a la información.
