REPRESIÓN Y DESPIDOS

La Justicia ordenó a Pepsico a reincorporar a 11 despedidos

La Cámara Nacional del Trabajo ordenó a la empresa de alimentos PepsiCo reincorporar a una once empleados despedidos de su planta ubicada en Vicente López, porque la empresa no cumplió con los requisitos del proceso preventivo de crisis.

"El accionar de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien autorizó el desalojo, fue “ilegal” e “inverosímil”, dijo el abogado de los trabajadores.

"La represión se podría haber evitado”, afirmó Camilo Mones, uno de los delegados de los trabajadores despedidos que mantenían una vigilia desde el 20 de junio cuando la empresa cerró sus puertas dejando a 600 operarios en la calle. “El fallo se firmó dos horas después del operativo, eso evidencia la voluntad de represión que tiene el Gobierno", señaló el delegado. 

La decisión, provisoria, que revocó un fallo de primera instancia adverso a los trabajadores, la dictó la Sala VI de la Cámara, bajo el apercibimiento de imponer multas diarias en caso de desobediencia a la orden judicial.

De esta manera, el tribunal concedió la medida cautelar pedida y dispuso que la demandada cumpla con el "deber de ocupación" de Leandro Javier Gómez, Elizabeth Myriam Vique Laime, Facundo Javier Guzmán, Mónica Ruiz, Orlando Daniel González, Angel David Gramajo, Estefanía Herbas, María Ester Albornoz, Myrna Beatriz Vega y Juan Carlos Romero.

Los camaristas Juan Carlos Fernández Madrid, Luis Raffaghelli y Graciela Lucía Craig concluyeron que PepsiCo no demostró haber cumplido con el "procedimiento preventivo de crisis" que la misma empresa había invocado para cesantear a todo su plantel de la planta fabril ubicada en Vicente López.

Ese procedimiento prevé que la empresa "como mínimo" tenga que "explicitar las medidas" que propone para superar la crisis o atenuar sus efectos. "Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad" y "sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia", agregaron los camaristas.

La resolución destacó que, en caso que la empresa no cumpla con la reincorporación, se le aplicará una "sanción conminatoria" equivalente a 5.000 pesos "por cada día de demora".

"Vamos a seguir luchando"

“No vamos a quedarnos en nuestras casas con temor, vamos a seguir luchando por la reincorporación y más ahora que la justicia nos dio la razón. La represión de ayer fue para disciplinarnos pero vamos a seguir peleando”, aseguró Mones, que además informó que junto a las organizaciones que apoyan el reclamo de los trabajadores planean una movilización nacional para la semana que viene.

En la conferencia de prensa, que se realizó en el Congreso, el delegado denunció que efectivos de la Policía Bonaerense se llevaron bolsones con mercadería de la empresa. “La fábrica estaba intacta antes de que entrara la policía. La noche anterior habíamos llevado a un escribano para certificarlo y también entraron los medios. Hacemos responsable a la policía por todo lo que falte en la planta”, indicó el trabajador.

El abogado de los trabajadores, que también participó de la conferencia, aseguró que el accionar de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien autorizó el desalojo, fue “ilegal” y tuvo un argumento “inverosímil”. “En las horas previas al desalojo no nos permitieron ver el expediente”, sostuvo el abogado, para quien la justificación de que la fábrica contamina no tiene sustento. “Es una planta que funciona hace veinte años y hasta aquí la empresa había planteado solamente cuestiones económicas”, afirmó.

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