El instrumento que modificó más de 190 normativas, sería discutido por la comisión bicameral de Trámite Legislativo el próximo 6 de febrero. Iincluye un conjunto de más de 40 normas para reducir los trámites que ahora debían hacer las empresas para operar en el país, al tiempo que habilita nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte, destinadas a reducir costos y ganar competitividad.
La norma, publicada el 10 de enero pasado con la firma del presidente Mauricio Macri y ministros, fue cuestionada por la oposición porque introduce más de cien modificaciones en leyes y decretos, según señalaron desde distintos bloques.
El DNU 27/2018 tiene cerca de 400 fojas y modifica normativas en una amplia gama de áreas que van desde las relacionadas al transporte, la actividad portuaria y la aviación civil hasta cambios en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la Anses.
El massismo y el kirchnerismo ya impugnaron el decreto ante la Justicia, denunciando la inconstitucionalidad de la medida y a Mauricio Macri y a su gabinete por abuso de autoridad, respectivamente.
Además, ambas bancadas buscan votos para tratar de derogar el DNU en el recinto de la Cámara de Diputados. No obstante, para dejar sin efecto un decreto de estas características se necesita el rechazo de ambas cámaras legislativas.
Por lo pronto, el oficialismo se garantizó el control de la mitad de los 16 miembros de la bicameral, lo cual le permitiría, como mínimo, bloquear la posibilidad de que la bicameral se expida en contra del DNU.
De hecho, esa posición llevó el miércoles a un grupo de diputados nacionales del Frente Renovador a presentar ante la Justicia un planteo de inconstitucionalidad del DNU, por considerar que "altera las reglas del Estado de derecho".
"Mediante este instrumento se toman más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano", argumentó la titular del bloque massista en la Cámara baja, Graciela Camaño.
Junto a ella concurrieron al Palacio de Justicia los diputados Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Carla Pitiot, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren y Alejandro Grandinetti.
De acuerdo con lo previsto por la Constitución Nacional, a partir de su reforma de 1994, y por su reglamentación a través de una ley dictada en el 2010, durante la gestión kirchnerista, una vez que el DNU es debatido en el seno de la Bicameral, debe ser tratado tanto en Diputados como en el Senado.
En ese marco, sólo puede ser derogado un proyecto cuando las dos cámaras expresan su rechazo, con una mayoría simple, es decir con el voto de la mitad más uno de los presentes en el recinto, una vez reunido el quórum reglamentario.
Ahora, el decreto deberá ser analizado por representantes de ambas cámaras que ya fueron designados. En dicho cuerpo, Cambiemos contará con ocho de los 16 integrantes y podrá desempatar a su favor con el voto del presidente -que será alguien del oficialismo- para alzarse con el dictamen de mayoría y blindar la polémica norma, al menos en la comisión.