CUADERNOS DE LAS COIMAS

Niegan la excarcelación de 16 detenidos y aun hay dos prófugos

Mientras ayer el juez federal Claudio Bonadío le negó la excarcelación a los 16 empresarios detenidos en los últimos días en la causa que se investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión kirchnerista, se conoció, además, que aún hay dos empresarios prófugos.

Los cuadernos de Centeno que La Nación entregó al juez Bonadío y luego publicó las consecuencias del accionar judicial.
Los cuadernos de Centeno que La Nación entregó al juez Bonadío y luego publicó las consecuencias del accionar judicial.

El empresario de Isolux Juan Carlos Goycoechea y el exasesor del ministerio de Planificación Federal Fabián García Ramón, se entregaron ayer.  Mientras que están en calidad de prófugos Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona, de viaje en Asia. También resta entregarse Oscar Thomas, exdirector ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá.

Con Goycoechea y Ramón, los que se sumaron al empresario Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Hernán Gómez, exasesor del Ministerio de Planificación Federal, que se entregaron el jueves a la Justicia, son 16 los detenidos.  

A estos cuatros se añaden el exsecretario Roberto Baratta (secretario de coordinación del Ministerio), Hugo Martín Larraburu (exsubsecretario de Legales), Walter Fagyas (expresidente de ENARSA), Nelson Lazarte (secretario de Baratta), Rafael Llorens (director de Asuntos Jurídicos de Planificación), Hernán Gómez, exasesor del ministerio de Planificación; y Oscar Centeno, el chofer de Baratta, quien originó la investigación.  

También Héctor Sánchez Caballero, exCEO de IECSA la constructora que Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, adquirió a la familia presidencial, y que ya fue vendida al grupo Pampa Energía. Gerardo Ferreyra, dueño de la constructora Electroingeniería; Carlos Mundín, dueño de la firma BTU; Jorge Guillermo Neira, exdirector del Grupo Eling S.A; Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi; y Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. 

Bonadio como se dio a conocer, ayer citó a indagatoria a la expresidente Cristina de Kirchner,  por supuestos bolsos con dinero para coimas por la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

La investigación se inició a partir de la declaración testimonial hecha a fines del 2017 por la exesposa del exchofer de Baratta, Oscar Centeno, quien se acogió ahora a la figura de "arrepentido". Centeno escribió ocho cuadernos en los que figuran detalles de la ruta de las supuestas coimas que investiga la justicia.

Odebrecht: acuerdo entre Argentina y Brasil

El Ministerio Público Fiscal cerró un convenio con la Justicia del país vecino para obtener pruebas sobre el caso Odebrecht. Las pruebas serán utilizadas en causas por el presunto pago de coimas en obras como el soterramiento del Sarmiento, entre otras.

Por lo pronto, las pruebas serán utilizadas en varias causas por el presunto pago de sobornos, que involucran obras como el soterramiento del tren Sarmiento, las plantas potabilizadoras de Aysa en Berazategui y Zárate y los gasoductos del norte y sur de la Argentina.

La noticia fue confirmada por el Procurador Eduardo Casal, quien señaló que el convenio comprende que las declaraciones de los arrepentidos no serán utilizadas en su contra, pero sí del resto de los involucrados.

El Ministerio Público Fiscal argentino sostuvo que el acuerdo "permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta puesta a su disposición".

 En ese contexto, desde la Procuración señalaron que el pacto permitirá que los funcionarios judiciales locales "tengan la posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil". El acuerdo llega luego de cinco meses de negociaciones con los fiscales brasileros. En ese interín también existieron reuniones entre la Procuración General, la Oficina Anticorrupción, la Cancillería y los fiscales argentinos de las distintas causas.

"El texto aprobado logra respetar los estándares derivados de convenios internacionales suscritos, los principios y normas jurídicas internas de cada país y al mismo tiempo se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil", se explicó.

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