La decisión fue tomada por el Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, que depende el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio. Según fuentes ministeriales, las empresas que ejecutan obras con fondos públicos deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Constructores y Firmas Constructoras de Obra Pública para poder operar y en el caso de Odebrecht esa autorización estaba vencida el 30 junio de 2016.
La reestructuración se produce luego que Odebrecht, envuelta en un escándalo por el pago de sobornos para desarrollar sus proyectos en Argentina y otros países de Latinoamérica, resolviera desprenderse de sus acciones dentro del consorcio del soterramiento del Sarmiento, ahora a cargo de la italiana Ghella, que pasará a tener el 70% de la operación.
También en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados, según surge del Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Contables Consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado.
Para esta decisión el Consejo ha tomado en cuenta que:
Actualmente, la empresa se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Constructores y firmas constructoras de obra pública. El certificado antes mencionado se encuentra vencido desde el 30 junio de 2016 y la empresa ha iniciado los trámites para su renovación.
Hay abiertos varios procesos judiciales y administrativos en nuestro país y en el exterior que involucran a la empresa en prácticas corruptas.
También en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados, según surge del Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Contables Consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado.
Más allá de las causas a investigaciones a nivel local, se considera que "se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa".
La resolución fue firmada de manera unánime por el presidente, Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos, Gustavo Burgwardt; y el consejero suplente Víctor Entrala.
