Así, la ley modifica el artículo 7 de la Ley 24.390, especificando que el 2 x 1 "no es aplicable" a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Además, establece que el beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001, es decir, durante el período de la vigencia de la norma. También, el tercer artículo indica que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.
El debate se extendió por más de cuatro horas, en donde los representantes de las distintas bancadas se expresaron al respecto del polémico fallo, coincidiendo en la necesidad de la modificación de la Ley 24.390. Cada uno de los senadores a su turno tuvo la palabra, y entre los puntos que se resaltaron, estuvo el Juicio a las Juntas, como momento histórico y ejemplar en el mundo, y el pedido de respeto a la ley en vigencia; entendiendo que un fallo de las dimensiones del esgrimido por la Corte Suprema iba en contramano de la historia democrática del país.
En la jornada también se reivindicó la conciencia del pueblo, reconociendo además la actitud del entonces presidente Néstor Kirchner de haber reactivado los juicios.
Por el lado del oficialismo, se celebró la respuesta rápida de los sectores, considerando que "la mejor forma de transformar las cosas en justicia y no venganza es que la ley sea pareja para todos"
En cuanto a la palabra de la senadora salteña María Cristina Fiore Viñuales, reflexionó sobre el rol del Congreso e hizo eje en el fundamento del fallo de mayoría de la Corte, que destaca que el Código Penal dice que siempre se debe aplicar la ley más benigna, remontándose al origen del problema, la ley del 2 x 1, pero advirtió que el legislador de aquel entonces no reparó en lo que ahora se ha transformado en un problema porque entonces estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. También manifestó sorpresa ante lo que consideró ausencia de lectura del contexto político.
Por último, y desde el FPV se cuestionó duramente a la Corte, así como también al Gobierno nacional por no apelar la decisión del máximo tribunal; argumentos que fueron refutados por la bancada oficialista, que rechazó que se buscara asociar al Gobierno con el fallo de la Corte .
