La procuradora fue considerada coautora del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos.
Al ser indagada por Ercolini a fines de agosto pasado, la jefa de los fiscales había cargado la responsabilidad sobre un funcionario a su cargo por la compra del inmueble: se trata del edificio de la calle Juan Domingo Perón 667, donde tiene su cede la Procuración, y el cual se pagó 43.850.000 millones de pesos en 2013.
La empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- le pagó una comisión de 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento y ésta a su vez pagó 3 millones a Juan Carlos Thill, un productor de seguros y quien es medio hermano de Guillermo Bellingi, este último subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.
Según la acusación, la licitación estaba previamente planificada y direccionada hacia la compra de ese edificio y, en ese sentido, los investigadores evalúan una serie de contactos entre los acusados interesados en el inmueble.
En su descargo por escrito, al que le sumó las preguntas que hizo el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, Gils Carbó aseguró que ella no cobró comisión alguna y que Bellingi "defraudó" su confianza.
Para el juez hubo varios hechos que se hicieron para llevar adelante la defraudación. Se dio de baja una licitación anterior; se cambiaron algunas de las condiciones que debían cumplir las empresas para presentarse a la licitación; se agregaron requerimientos edilicios que encajaban con lo que ofrecía el edificio de la calle Perón, entre otras cosas.
"Un delito imaginario"
El estudio jurídico que encabeza León Arslanian, a cargo de la defensa de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó este jueves que la funcionaria fue procesada por "un delito imaginario" y que "genera suspicacia" que se resolviera antes de las elecciones.
Así se expresó mediante un comunicado, luego de que el juez federal Julián Ercolini resolviera procesar a la procuradora como coautora del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", por la compra irregular del edificio donde funciona el Ministerio Público Fiscal.
El estudio que preside el exministro de Justicia sostuvo que la funcionaria fue procesada por "un delito imaginario" y agregó: "No nos sorprende porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando".
No obstante, resaltaron que "sí" les "produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública".
Al respecto, el estudio de Arslanian explicó que la procuradora autorizó "la compra de un inmueble para sede de su desempeño, en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales".
En el mismo sentido, agregó que la compra se hizo "sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera del conocimiento de aquella".