Efectivos de la Infantería de la Policía de la provincia de Buenos Aires encabezaron el operativo ordenado por la jueza de Garantías N°3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, para desalojar a los empleados despedidos y devolver las instalaciones a la firma de capitales estadounidenses.
A pocos minutos de iniciar el operativo, la Infantería había despejado las veredas aledañas a la fábrica con un grupo de choque provisto de escudos y gas pimienta y luego ingresó a la planta para sacar de allí a los ex empleados.
Sin embargo, unos 50 trabajadores permanecieron en los techos de la planta para resistir el desalojo pedido a la jueza de la causa por parte del fiscal Gastón Larramendi. Los operarios decidieron ocupar las instalaciones el 26 de junio pasado, seis días después de que la firma cerrara de forma imprevista y comunicara la situación pegando un cartel en el portón principal.
La policía bonaerense fue asistida por personal de Gendarmería Nacional, que desde las 8.30 enfrentó con gases lacrimógenos y balas de goma a los trabajadores que encendieron neumáticos. En medio del desalojo, el grupo que resistió en los techos de la fábrica arrojó piedras y objetos a los efectivos.
Durante el operativo se hicieron presentes dirigentes políticos y candidatos como Nicolás del Caño, Myriam Bergman, Luis Zamora, Vilma Ripoll y Christian Castillo, entre otros. En solidaridad con los desalojados, los ferroviarios del tren Sarmiento paralizaron el servicio con un corte de vías.
Despidos y represión
Desde el interior de la planta, la nieta restituída Victoria Moyano contó que "una de las trabajadores se descompuso" y pidió asistencia médica. La delegada gremial Catalina Balaguer denunció que se "reprimió brutalmente a todas las compañeras mujeres trabajadoras" y responsabilizó al Gobierno nacional.
En tanto, el fiscal Larramendi justificó la medida y habló de usurpación ilegal. "Pedí el desalojo de la fábrica, es una historia larga. Esto arrancó por una toma por parte del personal el día 26 de junio. Según los denunciantes tenían una imposibilidad material, operativa y de riesgo ambiental de poder continuar, motivo por el cual se trasladaron a la planta de Mar del Plata.
Ante esta situación se presentaron ante la fiscalía y la empresa dijo que quería llegar a un acuerdo con los trabajadores, en ese momento no se pensaba en el desalojo", sostuvo. Y continuó: "No cuestionamos el reclamo gremial ni el laboral, ambos son lícitos, pero todos los derechos no son absolutos.
El derecho a reclamar no puede avasallar el derecho de los demás. Se pidió el desalojo por el riesgo ambiental generado. Estamos ante una planta que realiza material comestible y no está comprobado que se cumplan los controles para que los productos salgan a la calle", argumentó.
La planta tenía 537 empleados, de los cuales unos 450 ya aceptaron el acuerdo alcanzado por la firma alimenticia y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que conduce el ex secretario general de la CGT Rodolfo Daer.
Durante el desalojo al menos 15 efectivos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a la Unidad De Respuesta Inmediata Doctor Ramón Carrillo y al Hospital Bernardo Houssay, ubicado en la misma localidad bonaerense.
