La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, iniciará esa "actuación" sobre el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino S.A, al advertir que esa intervención resulta "más que obvia" cuando hay un "un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de Etica Pública".
"En su dictamen hace alusión directa a la ley de Etica Pública, sobre una presunta violación, y como la OA es la autoridad de aplicación de esa ley, decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes", indicó Alonso.
La funcionaria explicó que como la fiscal Gabriela Boquín "hace alusión a la Ley de Ética Pública y como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación” de esa norma, “decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes para tomar conocimiento del expediente".
"No podemos adelantar la opinión hasta que no terminemos de analizar el expediente. Pero estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente como el caso del ministro (Juan José) Aranguren, que no tuvo críticas", afirmó sobre el escándalo que involucra al Presidente y su familia.
Frente al claro conflicto de intereses de Aranguren por su pasado como CEO de Shell, el curioso consejo que en su momento dio Alonso fue que el ministro de Energía no firmara resoluciones que pudieran comprometerlo y las derivara a otros funcionarios.
Sobre el escándalo de la condonación por parte del gobierno de Macri a la familia Macri, Alonso adelantó que comenzará a “tomar conocimiento del expediente” judicial y arriesgó que “quizás” le pida “información a los funcionarios involucrados”. Su misión, sostuvo, será “analizar, estudiar el caso y emitir una recomendación o aporte que puede solicitar la Justicia en algún momento".
Pese a que el caso fue detallado por varios medios que se hicieron eco de las declaraciones del oficialismo y la oposición, la funcionaria eludió dar una opinión al respecto. "No tenemos mucho para opinar de lo que diga ni un funcionario del oficialismo ni un diputado de la oposición” porque “lo que importa es analizar el expediente”, se defendió. "No podemos adelantar una opinión porque sería irresponsable, primero, de mi parte, y una falta de respeto a todo el equipo profesional de la OA", insistió.
Aguad y la herencia
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, recurrió al slogan del macrismo sobre "la herencia recibida" para defender el acuerdo aceptado por un funcionario de su cartera, con el que el Grupo Macri pagaría sólo el 1,2% de la deuda que mantiene con el Estado por la quiebra del Correo Argentino.
"Durante los 12 años de Gobierno anterior no se intentó cobrar esa deuda. El no haberlo hecho licuó el patrimonio del Estado. Heredamos el juicio”. Al acuerdo la fiscal Gabriela Boquín consideró "abusivo" y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas investiga por conflicto de intereses. Reconoció que el acuerdo implica "un perjuicio para el Estado".
Por su parte, el responsable de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal Sergio Rodríguez, presentó hoy una denuncia penal basada en los dictámenes de Boquín.
Según consignó el sitio Fiscales, que depende del Ministerio Público, Rodríguez requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación la apertura de un sumario administrativo, y solicita “ser tenido como parte acusadora”.
Además, la denuncia de la PIA se radicó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, y en la presentación se reclama una auditoría general sobre la actuación cumplida por los abogados del Estado durante todo el proceso concursal en la quiebra de Correo Argentino S.A, que lleva más de quince años.
El acuerdo entre el Estado y la empresa concursada generó diversas reacciones por parte de los dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición.
El diputado nacional del PRO Eduardo Amadeo consideró hoy “una movida absolutamente política” a la polémica generada en torno al acuerdo preliminar entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A en el marco del concurso preventivo.
“Me parece una movida absolutamente política. El descuento que se le hizo a la empresa SOCMA cabe perfectamente dentro de lo que establece la ley para el caso de las convocatorias. Se han seguido todos los pasos legales; por lo tanto, el Grupo Macri tiene un descuento igual al que le correspondería a cualquier empresa en convocatoria”, aseguró Amadeo en declaraciones a Télam.
En cambio, el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, que preside Oscar Romero, consideró hoy “vergonzoso” el acuerdo preliminar alcanzado entre el Estado y Correo Argentino S.A en el marco del concurso preventivo de la empresa, al advertir que se trata de “una estafa a los argentinos”.
“La condonación de esta deuda millonaria es un fraude para el pueblo. Cuando decimos que este gobierno es para unos pocos lo verificamos en cada uno sus pasos”, sostuvo el presidente del bloque, Oscar Romero, en un comunicado de prensa.
