MILLONARIO DESVIO DE FONDOS

Un fiscal pidió el desafuero y la detención de Julio De Vido

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer el desafuero del diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal  Julio De Vido a los efectos de que sea detenido. Solicitó, además, la detención de quien era su segundo, Roberto Baratta.

El fiscal calificó de delitos graves cometidos para solicitar la detención del diputado Julio De Vido y de otras 22 personas.
El fiscal calificó de delitos graves cometidos para solicitar la detención del diputado Julio De Vido y de otras 22 personas.

Ambos están acusados de un multimillonario desvío de fondos en el proyecto truncado de la minera Río Turbio.
Así lo informaron fuentes oficiales. Además, Stornelli pidió otras detenciones (serían más de una decena). El juez de la causa, Luis Rodíguez, será quien decida si hace lugar a lo solicitado por el fiscal.

En el caso de De Vido, como es diputado nacional, si el juez hiciera lugar a lo solicitado por el fiscal, debería pedir el desafuero al Congreso antes de ordenar un eventual arresto. Por tener fueros como diputado nacional, no podría ser detenido en caso de que Rodríguez acepte el pedido del fiscal.

De Vido y Baratta firmaron más de 400 convenios con la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Santa Cruz, para la recreación de un ramal ferroviario llamado Eva Perón. A este proyecto entre 2005 y 2015 el Estado nacional le asignó 26.600 millones de pesos.

Julio De Vido era el ministro de Planificación Federal y en ese rol tenía la obligación de supervisar y controlar los casi 265 millones de pesos destinados para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Pero no lo hizo, consideró el fiscal federal Carlos Stornelli, quien pidió su indagatoria y detención, previo de-safuero de la Cámara de Diputados de la Nación.

Fundamentos del fiscal

El fiscal entendió que tanto la acusación –un desfalco de 265 millones de pesos– como el delito imputado –defraudación a la administración pública– son lo suficientemente graves para solicitar la detención de De Vido y de otras 22 personas, informaron fuentes judiciales.

"Julio De Vido difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por él administrados", señaló el fiscal en su dictamen de más de 70 páginas.

Stornelli consideró que De Vido, el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta y el ex coordinador general del Ministerio Jaime Valvar tenían la obligación de controlar los 264.935.123 pesos que el fiscal entiende que se desviaron y que tenían como finalidad la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.

Esos funcionarios "autorizaron las transferencias de las sumas dinerarias comprometidas a YCRT, al tiempo que incurrieron en la omisión de realizar los controles que se encontraban bajo su órbita de competencia".

Y agregó: "Estos funcionarios han prestado un aporte fundamental para la concreción de estas maniobras defraudadoras, ya que en sus respectivas gestiones a cargo de YCRT y la Secretaría de Minería dependiente del ex Ministerio de Planificación, tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de las obras".

El fiscal fue más allá y consideró que la falta de controles no fue un hecho aislado. Stornelli habló de "una política diseñada para obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos de transparencias que rigen en las contrataciones de la Administración Pública Nacional".

En manos del Congreso

La suerte de Julio De Vido quedará en manos del Congreso, siempre y cuando el juez federal Luis Rodríguez haga lugar al pedido de de-safuero solicitado por el fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga irregularidades en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

En la actualidad, el oficialismo no tiene los números necesarios para aprobar esa medida. La ley de fueros exige dos tercios de la presentes en el recinto. "Es muy difícil en este momento", dijo el diputado del PRO Pablo Tonelli. Sin embargo, el pedido podría atravesar, sin sobresaltos, la comisión de Asuntos Constitucionales, primera escala en el Congreso.

Según la Ley 25.320, promulgada en 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la solicitud de desafuero debe ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un plazo de 60 días para emitir dictamen. 

Cambiemos apoyarán el pedido

El presidente Mauricio Macri sostuvo que Cambiemos apoyará el pedido de desafuero y detención de Julio De Vido, al tiempo que remarcó que "en la Argentina se acabó la impunidad".

El mandatario destacó: "Por supuesto que vamos a apoyar el pedido del fiscal, queremos conseguir el apoyo de otros diputados. De los cambios importantes que ha tenido la Argentina es que se acabó la impunidad, nadie está por arriba de la ley. Es bueno para todos y es justo". "Acá nadie está por arriba de la ley, somos todos iguales ante ella", sostuvo el jefe de Estado.

Apoyo massista

Graciela Camaño, diputada del interbloque UNA que conforma el Frente Renovador de Sergio Massa, adelantó que su bancada votará a favor del desafuero de Julio De Vido, pedido por el fiscal Carlos Stornelli junto a la detención del ex ministro de Planificación kirchnerista por no controlar los casi 265 millones de pesos destinados para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). 

"Vamos a votar afirmativamente el desafuero de De Vido si la Justicia lo requiere. La posición de nuestro bloque siempre fue la misma", afirmó Camaño.

“Una campaña política”

El diputado nacional Julio De Vido se refirió al pedido de desafuero y detención  que realizó el fiscal Carlos Stornelli en una causa por supuesto desvío de fondos para Río Turbio: "Esto es parte de la campaña política del PRO para estas elecciones porque ven una derrota fenomenal".

El ex ministro de Planificación del kirchnerismo participó ayer de reuniones de comisión en la Cámara de Diputados, pese a las malas noticias que recibió desde Comodoro Py. Ahora el juez federal Luis Rodríguez deberá determinar si acepta o no lo solicitado por Stornelli en un dictamen de 67 páginas donde también se requirió que otros sospechosos sean detenidos, entre ellos Roberto Baratta, segundo de De Vido.

El ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner denunció que hay una persecución en su contra y señaló a la diputada Elisa Carrió porque se encarga de "difamar y acusar". "Además son delitos que nosotros no pudimos haber cometido porque fácticamente no intervinimos en la operación", agregó.

Adrián Maloneay, titular del estudio jurídico que asiste a De Vido, difundió un comunicado en el que  De Vido fue víctima de un "show mediático" que "no guarda ninguna relación con lo que se investiga" y calificó de "inédito" al pedido del fiscal Stornelli.

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