Arnaldo Goenaga, de la resistencia peronista, aseguró ayer que con la llegada del interventor Alejandro Mosquera, en noviembre de 1974, comenzó “la persecución en Salta, empiezan las bombas. Comenzó la muerte con Mosquera”, sostuvo.
Goenaga contó que llegó a Salta invitado por Ragone para que fuera su asesor. Su tarea era política. Viajaba mucho al interior y estaba también en Finca Independencia, una finca tomada, donde el gobierno ragonista realizó obras y trató de generar fuentes de trabajo. Uro dirigía ahí una cooperativa de trabajo.
“Los de la finca estaban alineados” con el ragonismo, recordó. Dijo que había gente del FRP, de una corriente clasista cuya sigla era SUDOR.
Goenaga relató que luego de un viaje a Buenos Aires, Ragone se reunió con algunas personas de confianza y les contó que el ministro del Interior, Oberdán Rocamora, le había pedido que nombrara jefe de la Policía a Miguel Gentil, y que les confesó: “Yo vi en esa cara la muerte”. Entonces se plantearon qué hacer, y decidieron dejar el gobierno.
Luego, por un fotógrafo, supo que la Policía había pedido su foto, y se escondió. El militante cerró su testimonio con un reclamo: “Yo confío en la Justicia, porque Gentil y Guil tienen que dar cuenta de todo el daño que han hecho”.
Que no diga el testigo
Antes había declarado el segundo de la CGT Salta en la década del 70, Julio Aguirre, quien fue detenido en 1976 y permaneció en esa condición durante tres años, incluso en el centro clandestino de detención El Olimpo.
Aguirre dijo que conoció a Uro por la militancia y que durante la dictadura lo veía en todas las asambleas de la CGT, que se había declarado en estado de asamblea permanente por los continuos ataques a trabajadores por parte de la represión.
Aguirre aseguró que en la Central de Policía existía una celda grande, semejante a un salón de actos, donde encerraban a detenidos políticos con presos por delitos comunes graves.
Un incidente durante su testimonio generó inquietud en las organizaciones de derechos humanos. El juez Domingo Batule le preguntó en qué consistían las torturas que sufrió; el defensor oficial Federico Petrina se opuso, con el argumento de que se lo iba a hacer revivir momentos dolorosos. Los jueces accedieron al planteo de la defensa y tampoco le permitieron ahondar sobre esto al fiscal Francisco Snopek, con lo que Aguirre no pudo contar lo que sufrió.
