La Fiscalía a cargo de Carlos Amad y Francisco Snopek había solicitado tres años de prisión para Liendro y dos para Otero. El veredicto significó el fin del juicio contra ambos, aunque los fiscales anticiparon su intención de apelar, al tiempo que solicitaron que se amplie la investigación a los ex funcionarios Gustavo Ferraris y Manuel Brizuela, así como a varios jefes policiales en funciones en el año 2005.
La audiencia de ayer se inició con la acusación de los fiscales, quienes se refirieron a los testimonios recogidos duranten el desarrollo del juicio, en el cual declararon jefes policiales, los coimputados, así como el ex ministro de Gobierno, Manuel Brizuela, un custodio del ex vicegobernador Walter Wayar, la mujer de un ex policía y una funcionaria del área de acción social.
El secretario de Seguridad de esos tiempos y hoy auditor de la Provincia, Gustavo Ferraris, se amparó en su actual inmunidad para declarar por escrito, a pesar de la oposición de la fiscalía y las defensas.
A pesar que en muchos de esos testimonios se lo sindicaba como el responsable de la irregular utilización de los autos secuestrados, el auditor negó todas las acusaciones.
En la jornada de ayer, tanto Santiago Pedroza como Celia Martínez, defensores de Otero y Liendro, apuntaron a que no se acreditaron pruebas en contra de los imputados.
Víctima de un entramado político
Luego de las argumentaciones de los fiscales, el defensor de Otero sostuvo que la periodista “es una víctima de un entramado político, porque ella no conocía el origen ilegal del vehículo”. También discrepó en cuanto a que la imputada no era funcionaria pública ni tampoco utilizó el vehículo en beneficio propio”.
Para reforzar su argumentación, el abogado afirmó que durante la noche el vehículo era depositado en la comisaría cercana al domicilio de Otero. “Mi defendida no es un perejil, es una verdulería entera”, afirmó Pedroza, antes de conocerse el veredicto.
Por su parte, la abogada Martínez también hizo referencia a que Liendro nunca tuvo contacto con los autos secuestrados, ni por una orden directa o un mandato judicial.
También negó que su defendido haya otorgado algún tipo de identificación para utilizar los autos en forma irregular, tal como la propia Otero declaró. Negó que la credencial que figura en el expediente haya sido firmada por Liendro y dijo que tampoco la elaboró. “Al auto se lo entregaron a Otero altos funcionarios del Gobierno de entonces”, dijo la defensora.
Nervios e impedimento
Una vez conocido el veredicto, allegados a Otero se encontraban en la entrada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, cuando una mujer se descompensó y tuvo que ser auxiliada. Se llamó a una unidad del Samec para que concurriera al edificio federal, aunque la cuestión no pasó a mayores.
Algunos de los asistentes también comentaron a viva voz que la decisión de la jueza Snopek apunta a impedir la participación de Otero en las Paso del Frente de Unidad y Renovación, para las que ya había inscripto ya una lista de precandidatos. También apuntaron sus dardos contra Ferraris, a quien señalaron como el principal responsable de todo.
Cómo se inició la causa
La causa salió a la luz cuando Nuevo Diario inició la investigación por una denuncia anónima sobre el uso indiscriminado de los autos secuestrados por la Policía, tanto para uso de los policías como de otros funcionarios. Hugo Liendro fue juzgado por peculado, y Sandra Natalia Otero, por partícipe necesaria del delito de peculado.
Ferraris apareció también cuestionado por su presunta participación activa en el escándalo de los autos secuestrados. La periodista Natalia Otero, procesada junto a Liendro, acusó públicamente a Ferraris como la persona que le facilitó un automóvil secuestrado por la Justicia para que fuera utilizado en campaña.
El escándalo fue mayor cuando se denunció que el secretario de Seguridad de aquel momento, Gustavo Ferraris, manejaba una camioneta 4x4 con chapa melliza. Aunque el funcionario del gobierno de Romero reconoció que la camioneta Jeep Grand Cherokee en el que se trasladaba tenía procedencia "irregular", fue sostenido en su cargo”.
El entonces fiscal penal 1, Eduardo Barrionuevo, acusó penalmente a Ferraris, entonces ministro de la Corte y ex hombre fuerte del gobierno de Romero.