Así lo informaron ayer el dirigente del Partido Miles, Luis D’Elía, y la abogada Roxana Matarolo, quienes visitaron la Ciudad Judicial de Salta para pedir que se fije fecha para el inicio del juicio oral y público en el que se decidirá la situación de Barretto, quien permanece detenido desde el 3 de marzo del año pasado. La causa ya está radicada en la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Amadeo Longarte.
“Diego Barretto es un preso político del gobernador (Juan Manuel) Urtubey”, sostuvo el dirigente nacional D’Elía ante los periodistas de Salta, frente a la Ciudad Judicial, donde se concentró un pequeño grupo de militantes de Miles, acompañando el reclamo de libertad del otro dirigente.
Piden una falsa declaración
D’Elía, que aseguró que en la causa penal “no hay ningún dato significativo en el expediente que lo culpabilice”, afirmó que Barretto está detenido desde hace más un año porque se niega a hacer una falsa declaración en contra de él (D’Elía) y al ex presidente de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat, Rubén Pascualini.
Manifestó que “en reiteradas ocasiones le dijeron a Diego: ‘Si vos involucrás a D’Elía y Pascualini, quien fuera secretario de Tierras de Cristina Fernández de Kirchner, salís en libertad”, sostuvo D’Elía, quien consideró llamativo que la investigación de las presuntas irregularidades en el área de Tierra y Hábitat de la provincia involucren a funcionarios sólo desde el subsecretario (Barretto) para abajo, y no involucren a quien era el secretario.
No lo notificaron
Por su parte, Matarolo destacó que la defensa de Barretto no fue notificada desde el ámbito judicial de que se había abierto el período de presentación de pruebas, y que cuando fueron a averiguar el estado de la causa se dieron con que estaba vencido el plazo, por lo que llegará a juicio sin pruebas a su favor.
Dijo que por esto, que implica la violación de “una garantía constitucional”, y por la detención de más de un año (siendo el único detenido de un total de siete procesados), recurrieron con una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “denunciando todas estas irregularidades en la causa”.
“Denunciamos la situación de preso político de Diego Barretto alegando que en el momento en que se cometieron los ilícitos Diego no era funcionario público y la imputación es de exacciones ilegales, figura que tiene el ser funcionario público”, sostuvo la letrada en declaraciones a Radio Nacional Salta.
No coinciden los períodos
Según su defensa, Barretto fue subsecretario de Tierra y Hábitat hasta agosto de 2013 y que la entrega irregular de terrenos en Parque La Vega se hizo el 5 de febrero de 2016.
“O sea más de tres años después, bajo la venia de las nuevas autoridades del flamante Ministerio de Tierra y Vivienda de Salta”, sostuvieron los referentes de Miles y la Federación Tierra y Vivienda (FTV) en un comunicado en el que aseguraron también que la investigación de la fiscala Mónica Poma “careció de objetividad y estuvo dirigida exclusivamente a cumplir las órdenes de su jefe” que consistían en “ir contra Diego Barreto” y Miles, “porque el hilo se corta por lo más delgado y funcionarios de doble apellido de la sociedad salteña y amigos de Urtubey no podían figurar como responsables directos de toda esta historia”.
