La Justicia Federal investiga, el caso en el que está involucrado el entonces Secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, hoy en la Auditoría de la Provincia y el entonces jefe de Policía, Hugo Liendro quien ya declaró el pasado jueves.
La primera audiencia debate se cumplió en el Tribunal Oral Federal a cargo de la jueza Liliana Snopek, actuando el fiscal Carlos Amad.La audiencia unipersonal se inició con la lectura de la acusación por peculado para Liendro y partícipe necesario para la comisión del delito de peculado para la periodista Natalia Otero.
La investigación se inició cuando se denunció que se estaban utilizando los autos secuestrados por la Justicia Federal de manera discrecional. El auto que utilizaba Otero era un Peugeot 206, cuya autorización habría sido firmada por el entonces jefe de la fuerza de Seguridad comisario Hugo Liendro.
El jueves pasado Liendro negó su participación en el hecho. Luego respondió preguntas que le efectuó el fiscal Amad, en relación al tratamiento que se efectuaba dentro de la fuerza con los vehículos secuestrados.
Posteriormente dieron su testimonial personal policial que en esa época, 2008, se desempeñaba en la división de Automóviles Secuestrados, y un mecánico que había sido nombrado por Otero, como relacionado con el tema, lo que fue negado por este testigo.
Finalmente fue el tiempo para la comisario Liliana Viveros, quien en ese momento era oficial, y se desempeñaba en el sector investigado.La funcionaria dio detalles sobre el uso que se efectuaba de los autos secuestrados, que en muchos casos eran utilizados para patrullar y hasta para hacer investigaciones. “Siempre debían tener autorización del juez para ser utilizados”, dijo Viveros frente a la magistrada.
De acuerdo a las denuncias periodísticas en ese entonces en su gran mayoría los autos eran cedidos en forma discrecional por funcionarios políticos de la administración de Juan Carlos Romero. Se llegó a decir que la Brigada de Investigaciones funcionaba como una concesionaria de automóviles, ya que se entregaban los rodados sin la correspondiente autorización judicial.
Originalmente la causa fue tramitada en la Justicia Provincial antes de llegar a los estrados federales.
