Luego de dos jornadas en las que se leyó la acusación fiscal y se realizaron planteos técnicos, se espera que hoy comiencen los testimonios.
Al menos esa es la previsión que tiene la Sala I del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, integrada para este caso por los jueces Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y la cuarta jueza María Alicia Noli.
Se sabe que para hoy se han convocado a testigos, para comenzar a escuchar la larga lista de 170 personas convocadas a declarar en este proceso.
Sin embargo, todavía resta que el tribunal consulte a los acusados si desean hablar. Además Reynoso, en están siendo juzgados los abogados Ramón Valor, María Elena Esper, Eladio Gaona y René Gómez; y los empleados del Juzgado Federal de Orán (donde Reynoso era juez) Miguel Saavedra y César Aparicio, y la hermana de este último, Rosalía Aparicio.
Reynoso llega a juicio acusado de liderar una organización criminal integrada por abogados y empleados que beneficiaba a implicados en causas de narcotráfico a cambio de dinero u otros bienes.
La Fiscalía acusa a Reynoso de ser el jefe de una asociación ilícita, y de los delitos de concusión (exacción realizadas por un funcionario público) y prevaricato en nueve hechos. A los abogados se los acusa de ser partìcipes de esta organización criminal, mientras que los empleados judiciales habrían cumplido el rol de nexos para realizar los pedidos de dádivas a cambio de beneficios procesales. Y Alicia Aparicio es acusada de haber actuado como “presta nombre” para realizar una de estas operaciones ilegales.
“Mis clientes pagan y sale”
El abogado Carlos Garmendia, aseguró que los cuatro tucumanos querellantes en este proceso fueron “víctimas de esta banda, (...) de Reynoso”.
Los clientes de Garmendia se presentaron como querellantes y actores civiles en este proceso, en reclamo de un resarcimiento por haber sido detenidos dos de ellos y luego obligados a pagar $500 mil al ex juez para obtener la libertad.
Este es uno de los hechos que se le imputan a Reynoso, en este caso junto a los abogados Esper y Gaona, y los dos empleados judiciales.
Garmendia contó en declaraciones a FM Capital que cuando dos de sus clientes estaban detenidos, a través de Esper y Gaona el entonces juez les pide $500 mil a cada uno para darles, y “mis clientes pagan y obtienen la libertad”. Dijo que esta era la operatoria habitual del juez, solo que en este caso no se trataba de narcotraficantes, por lo que pudieron denunciar el hecho.
