Con 15 carillas, la resolución de los magistrados evita totalmente hacer un análisis de la maniobra delictiva, y con jurisprudencia del juez federal, Miguel Medina, otro magistrado cuya estrecha relación con el senador nacional es ampliamente conocida, simplemente intenta centrarse en supuestos errores de forma.
Muchos colegas, a su vez, dijeron que los prólogos que el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, suele escribirle a los libros de Polliotto, tienen mayor coherencia. Medina, en tanto, tampoco dejó de ser señalado por los otros camaristas como un hombre estrechamente vinculado a Catalano.
Otro que no se salvó fue el fiscal Villalba Ovejero, quien integraba la Auditoría de la Provincia, cuando desde la Cámara de Diputados, en el año 2005, la diputada Fanny Velarde, pidió que se investigue la venta de tierras en el caso de La Ciénaga.
Villalba Ovejero habría votado en contra de ello, por lo que su decisión de no apelar, entonces, sería coincidente con esa postura. De ser así, muchos se preguntan por qué el fiscal no se apartó, pues ya tenía posición tomada en el asunto.
Más allá de señalar que la acción penal se perfecciona a medida de que se avanza en el proceso, las críticas se centraron en el hecho de que el fallo obedece a un compromiso político entre el senador nacional y el actual gobernador, Juan Manuel Urtubey.
Al respecto, los jueces del Tribunal de Impugnación pusieron el grito en el cielo por ser la “cenicienta” de estos acuerdos, los que no hacen más que restarle credibilidad al sistema de justicia de la mano de jueces que responden con sus lapiceras a estos manejos extra judiciales.
Ocho años y diez fallos
Al margen de la orfandad de argumentos del fallo, nadie en la ciudad judicial puede creer que después de ocho años de proceso penal, en el que se dictaron más de diez fallos, entre ellos de la misma Corte de Justicia de la Provincia y la Corte Suprema de la Nación, recién ahora dos magistrados descubrieron que todo estaba mal.
La causa incluso tiene hasta dos imputados confesos. Uno de ellos es el propio Agustoni, quien al prestar declaración indagatoria, reconoció la operación comercial por las 90 hectáreas de La Ciénaga a manos de Estancia El Carmen, de los Romero por la ínfima suma de 100 mil pesos.
Agustoni reveló que ese dinero lo había cobrado Raymundo Sosa, abogado personal de Romero. Al ser indagado, el 10 de marzo de 2015, este letrado confesó haber cobrado dicho dinero, y que lo hizo a través de una serie de cheques.
Sosa reconoció que fue él mismo quien cobró los cheques de ese “negociado” y lo hizo por ventanilla en el Banco Macro, tras lo cual guardaba el dinero en la caja fuerte de su estudio. De esta manera, Sosa confirmó los dichos de Agustoni, sobre quien se tiene la sospecha de haber participado de la maniobra como testaferro de Romero.
Pese a estas declaraciones, y otras numerosas pruebas producidas, los jueces Medina y Polliotto decidieron volver la causa a cero, sin señalar argumentos específicos respecto a la maniobra, la cual dejó sin casas a más de 1.800 familias salteñas.
