Manuel Brizuela deberá comparecer al igual que Hugo Guerra, Adriana Portal, Marcela Corte y Celina Ferreyra; y brindar su testimonio en la causa que se sigue en contra de Hugo Liendro y Natalia Otero, por pecualdo en distinto grado.
Del ex funcionario dependía el secretario de Seguridad, cargo que en el 2005 ocupaba Gustavo Ferraris, de quien a su vez dependía el entonces jefe de Policía Liendro.
Esa era la cadena que se correspondía para la autorización del uso de autos que eran secuestrados por distintos delitos.
Los cinco testigos, que deberán desfilar hoy a partir de las 10, fueron mencionados por la acusada Natalia Otero en su declaración efectuada la semana anterior.
Guerra era chofer del vicegobernador Walter Wayar y seria la persona a la que Otero le mostró la oblea verde que tenía en su poder, y que le permitía movilizarse en el automóvil Peugeot 206, a fin que le confirme si era algo que correspondía.
Otero mencionó también a Marcela Corte y Adriana Portal como las personas que estaban al tanto del uso que se le dio al vehículo, al que definió como “para realizar gestiones solidarias, de entrega de sillas de ruedas y de colchones”, dijo.
Todo esto en el marco de un autoacuartelamiento policial que permitió dejar a la vista una serie de deficiencias que a su entender debían ser tenidas en cuenta.
En ese mismo contexto nombró a Celina Ferreyra como la esposa de uno de los policías que estaba en el autoacuartelamiento y que estaba junto a ella cuando se producían las entregas.
La mujer dijo que las llaves le fueron entregadas por el ex secretario de Seguridad Gustavo Ferraris en su oficina, y que el retiro del auto se produjo de la propia playa de estacionamiento ubicada detrás de las oficinas centrales del Centro Cívico del Grand Bourg.
Declaración escrita
También en la jornada de hoy se deberán leer las respuestas que Ferraris debió emitir, tras su resolución de declarar por escrito.
Ferraris, para evitar ir en persona frente al Tribunal Oral Federal a cargo de la jueza Liliana Snopek, invocó el artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación, señalando que el cargo que ocupa en la Auditoría de la Provincia lo hace equiparable al de un juez provincial, por tanto y a pesar que la causa se juzga en el fuero federal, le alcanzan las generales de la ley y puede declarar por escrito.
La jueza notificó en la audiencia anterior sobre la recepción de esta petición de Ferraris y la aceptación de la misma. La resolución recibió el rechazo del Ministerio Público Fiscal integrado por Carlos Amad y Francisco Snopek, y de las defensas de los acusados. Cada uno a su tiempo pidieron resguardo de ir en casación, a lo que se hizo a lugar.
De esta manera, tanto Fiscalía como las defensas que ejercen Santiago Pedroza (Otero) y Gabriela Martínez (Liendro) presentaron los pliegos con el interrogatorio a Ferraris el martes pasado, y en esta audiencia se deberán leer las respuestas. Está permitido el uso de la repregunta, lo que hace suponer una serie de idas y venidas que alargarían el trámite judicial.
Coincidieron las partes en que no comparten la resolución del Tribunal, aunque prepararán el pliego entendiendo que no corresponde la inmunidad.
