En él se destaca entre las sentencias el fallo por el que el Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1 de Salta aplicó 12 años de prisión al empresario Marcos Jacobo Levín, por la privación ilegítima de la libertad y torturas que sufriera en 1977 el trabajador Víctor Cobos, quien por entonces era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en La Veloz del Norte.
Entre los "hitos del 2016 en el proceso de Justicia", el informe destaca las condenas a los ex jueces federales Luis María Vera Candioti en Santa Fe; Roberto Catalán en La Rioja, y el ex fiscal federal Gustavo Demarchi en Mar del Plata, por su participación en el terrorismo de Estado.
Además, pondera la sentencia a Levín y las condenas por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, y los avances en la investigación de violencia sexual en los centros clandestinos de detención.
En otro orden, el informe pone énfasis en la cantidad de prisiones domiciliarias otorgadas en este último año. "Durante 2016 aumentó en 80 el número de imputados con esta modalidad de detención, una cifra significativa que terminó por invertir la relación entre los datos", consigna el informe al comparar las cifras con 2015.
En las conclusiones, el informe da cuenta de la ralentización de los procesos sobre delitos de lesa humanidad y, en tal sentido, advierte sobre las “demoras y estancamientos en las instancias de juicio”, y consigna que existen “249 procesos acumulados en alguna fase de la investigación”.
Para el organismo, "resulta preocupante" que el año pasado "se haya consolidado la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año", al comparar "el pico histórico" registrado en 2012 y 2013, con 25 veredictos por año, seguido por 21 en 2014.
Desde el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en 2006 se han dictado 174 sentencias en todo el país, de las cuales 88 se encuentran aún en instancia de revisión, a raíz de que alguno de los imputados recurrió el fallo y su resolución se encuentra pendiente, detalla el informe. Este es otro motivo de preocupación para la Procuraduría.
Decisión esperada
En Salta, por ejemplo, aún se espera una decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal sobre la sentencia recaída en 2013 en la conocida como Megacausa Salta.
En cuanto a la mora judicial, los datos de la Procuraduría la exponen con claridad: de un total de 585 expedientes que se sustancian desde 2006, "el 47% (277) todavía se encuentra en etapa de instrucción; el 30% (173) obtuvo sentencia, de las cuales 87 se encuentran aún en instancia de revisión por la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el 20% (119) se encuentran elevadas a juicio, aunque sólo seis tienen fijada fecha de inicio del debate", detalló la investigación. De esta forma, 1141 imputados (41%) atraviesan el proceso judicial libres; 1052 (38%) se encuentran detenidos; mientras que 533 (19%) fallecieron; y 45 (2%) permanecen prófugos.
Asimismo, se informó que "el 29% (806) de los acusados se encuentra procesado; el 26% (733) fue condenado; el 17% (462) falleció antes de ser sentenciado; el 15% (408) está imputado; al 6% (155) se le dictó la falta de mérito; el 3% (78) resultó absuelto; el 2% (52) fue sobreseído; hay 30 personas (1%) que fueron recientemente indagadas, y otras tres que fueron declaradas incapaces".
