El juez Ángel Longarte, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, no hizo lugar a la solicitud presentada por la defensa del ex subsecretario de Tierra y Hábitat, Diego Barreto, imputado por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas y exacciones ilegales simples en concurso real, en carácter de jefe organizador de la asociación y autor de las exacciones ilegales simples y agravadas.
La causa surgió luego que Barreto fuera denunciado por la venta ilegal de terrenos en el loteo de Parque La Vega.
El juez fundamentó su decisión en los informes médicos, psicológicos y ambientales que recibió, que contrarían la gravedad en la salud de Barreto tal como lo expuso la defensa técnica. Los estudios de los profesionales de la salud habilitados opinaron que no hay necesidad de cuidados especiales o emergencia en la patología que presenta en la actualidad el imputado.
"Un preso político"
En tanto, militantes de la agrupación Miles, que lidera Luis D'Elías, aseguran que Barreto es un "un preso político" del gobernador Juan Manuel Urtubey. Por ello el martes pasado se manifestaron en Ciudad Judicial y en Casa de Salta en Buenos Aires, pidiendo su liberación.
En un comunicado que se difundió por las redes sociales, Miles asegura que Barreto es un preso político debido a que "cumplía órdenes de Urtubey desde el 2007 hasta el 2016". Sostienen que el Poder Judicial es funcional al Gobierno, porque existen funcionarios acusados y hasta procesados como Rosario Mazzone (ex intendente de El Bordo), Carlos Villalba (ex intendente de Profesor Salvador Mazza), Gonzalo Quilodrán, Rubén Corimayo (ex intendente de Cerrillos), Sergio Ramos (ex intendente de Rosario de Lerma), y que sólo Barreto está preso.
La agrupación cuestiona la entrega de los lotes de Parque La Vega, que se concretó tres años después de que dejara funciones públicas. Endilga además a la fiscal Mónica Poma subjetividad y afirma que "desde un principio eran conocidas por todos las irregularidades y denuncias sobre el loteo de Parque La Vega, desde ministros y funcionarios de todas las esferas y de la Fiscalía de Delitos Económicos”.
Entre otros acusados, se encuentran Víctor Rodrigo Diez Tizón, Esteban del Corazón de Jesús Clemente, Marcela Cinthia Martínez, Nelson Horacio Salazar y Roberto Martín Nellessen. En su mayoría, los nombrados se encuentran acusados por presunta asociación ilícita, entre otros delitos que se les imputan a los referentes barriales.