También procesó a otros seis imputados, en estos casos sin prisión preventiva, con la orden de no salir del país a la vez que se les trabó embargo, al igual que Reynoso por diferentes sumas y bienes.
A Reynoso se lo considera prima facie responsable de los delitos de concusión (cuatro hechos) en concurso real, cohecho pasivo, falsedad ideológica y material de instrumento y prevaricato en cuatro hechos, en carácter de autor.
Por la causa se le dictó prisión preventiva -la que cumple por otros casos que se investigan- y se le trabó embargo por $5 millones.
Los otros imputados son María Esper Durán, por ser partícipe primario del delito de concusión, se le trabó un embargo por $500 mil; Arsenio Gaona, partícipe necesario en dos hechos de concusión y embargo por $1 millón; Ramón Valor, partícipe primario en un hecho de concusión, con un embargo de $500 mil; Miguel Saavedra, partícipe primario en un hecho de concusión, embargo por $500 mil; Luciano Liscato, por un caso de cohecho activo y falsedad de instrumento público, embargo por $500 mil; Delfín Castedo, acusado por cohecho activo en un caso y embargo por $1 millón.
En todos estos casos no se les aplicó prisión preventiva, pero sí se les prohíbe salir del país. Bavio ordenó falta de mérito para procesar a Romina Reynoso Sosa, por la cual fue indagada, y para Delfin Castedo en una acusación sobre falsedad de instrumento público.
La causa fue originada en diciembre de 2015 por el fiscal federal Eduardo Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en el marco de la causa 11.195 de 2014.
Se analizaron 27 casos que motivaron el llamado a indagatoria de los implicados. El juzgado de Orán a cargo de Reynoso habría incautado $865.072; U$S 507.056 y 54.030 pesos bolivianos. De ese total se devolvieron solo $171.522 y U$S 11600.
