A la vez, el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, en su fallo por presunta contaminación contra la empresa Agrotécnica Fueguina, desestimó dos medidas cautelares que se habían solicitado, entre ellas un embargo del 20 por ciento a los fondos de la empresa encargada del tratamiento de residuos sólidos urbanos.
En su resolución, el juez estableció que la empresa mensualmente la deberá informar al juez sobre los resultados del control de báscula de ingreso y egreso de los camiones, cantidad de líquidos lixiviados diarios, calidad de agua subterránea y superficial, drenaje de pluviales, direcciones de flujo de agua, volumen de personal de vigilancia diario, informe sobre fumigación de plagas, y periodicidad de cobertura de los residuos. También -y con la misma periodicidad- deberá comunicar el origen/proveedores de los residuos.
Además le dio diez días a Agrotécnica para que informe el estado del Trámite de Evaluación de Impacto Ambiental y la contratación del seguro ambiental obligatorio.
La acción de amparo continúa vigente
Mientras, la acción de amparo continuará vigente, pese a las informaciones que se difundieron de manera oficial desde la empresa Agrotécnica Fueguina.
Esta acción judicial fue promovida por vecinos y Luis Segovia abogado del Partido Obrero, contra la Municipalidad de la ciudad de Salta, la empresa Agrotécnica Fueguina, la Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
En enero pasado se realizó una audiencia informativa convocada por el juez, marco en el cual la ex edil Jorgelina del Carmen Franco como accionante solicitó que se ordene la apertura de un nuevo módulo en el Vertedero San Javier y un embargo preventivo del 20 por ciento de las sumas que percibe la empresa por el servicio que presta.
“Siendo una medida de excepción que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición, el juzgador debe extremar su celo en el análisis de su procedencia”, citó el juez.
“La petición cautelar en cuestión, intenta que se ordene con carácter precaucional el dictado de todos los actos necesarios para poner en funcionamiento el Módulo IV del Vertedero San Javier, cuestión que además de encontrarse incluida en la pretensión de fondo, implica a esta altura del proceso y con las prueba acompañadas, un adelanto de jurisdicción (...) esto no resulta razonable como medio más idóneo, máxime cuando se trata de un servicio público indispensable”, dijo el juez.
Con respecto al 20 por ciento de embargo, entendió que no se justificó su procedencia, por lo que lo rechazó.
"El juez reconoce la gravedad del problema"
En un comunicado sobre la resolución, Luis Segovia, abogado patrocinante del PO en la causa explicó: “la resolución rechaza las medidas cautelares que habíamos propuesto con fundamentos dogmáticos y arbitrarios, pero a pesar de eso, reconoce la gravedad del problema, lo que explica las medidas tomadas contra la empresa”.
A su vez, la concejal Cristina Foffani, declaró: “Desde el PO consideramos que el servicio público de la basura en Salta se encuentra colapsado, y que tanto la empresa como la municipalidad son responsables de este desastre, por lo cual, seguiremos apoyando todas las iniciativas que tiendan a enjuiciar a los responsables".
"La enorme cantidad de evidencias de que el San Javier no puede seguir funcionando a metros de zonas densamente pobladas, que todo el procedimiento de disposición final está cuestionado por el daño ambiental que provoca, nos lleva a plantear la relocalización del vertedero y una reorganización integral que establezca la recolección y disposición final como un verdadero servicio público controlado por vecinos y trabajadores. No hay otra forma de evitar un colapso ambiental”, concluyó la concejal del PO.
