También por el juicio por la muerte del menor, que vivía en un hogar sustituto, están implicadas tres psicólogas del ex Ministerio de Derechos Humanos, y un médico particular.
En su resolución, los jueces indican que, “teniendo en cuenta que en la causa se encuentran comprometidos los derechos y dignidad de la niña L.M.L. y del que en vida se llamara T.R.M.Q., se hace necesario establecer que el debate se desarrollará a puertas cerradas, permitiendo el ingreso únicamente de personas que acrediten interés directo con las partes” y de medios de difusión acreditados.
A su vez, el Tribunal dispuso comunicar a los medios de prensa que deberán “dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 22 de la Ley 26061, evitando dar información de la identidad, sea directa o indirectamente, en relación a los niños víctimas de la presente causa a fin de evitar la revictimización”.
El Tribunal habilitará un lapso de cinco minutos al inicio de cada audiencia para la realización de fotografías y/o filmaciones por parte de los medios de difusión acreditados. Se remarcó que los medios de prensa deberán cumplir con las órdenes que el Tribunal disponga en el caso de ser necesaria la preservación de lo acontecido en la sala de audiencias, con el fin de no afectar la moral o decoro de las personas que depongan en el debate, o en el caso de que sea necesario preservar los testimonios en función declaraciones posteriores.
La audiencia de debate se lleva a cabo en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. El Tribunal está integrado por los jueces Pablo Farah (presidente), María Gabriela González y Carolina Sanguedolce (vocales).