El falso gestor se hacía pasar por empleado del Instituto Provincial de la Vivienda o por una persona influyente que tenía contactos con funcionarios y lograba sacarles dinero a sus víctimas para acelerar la entrega de las viviendas.
La fiscal penal Mónica Poma, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, requirió juicio contra Hugo Bichara, imputado por varios hechos de estafa, donde se presentaba en locales comerciales o restaurantes y, simulando ser un funcionario público y tener contactos políticos, prometía la adjudicación de viviendas del IPV a personas que ya se encontraban inscriptas a cambio de dinero en efectivo o mercaderías, por montos que oscilaban entre los 450 y 600 pesos aproximadamente.
Durante la investigación, se recibió declaración a los denunciantes, quienes manifestaron de manera coincidente, que el imputado se presentaba como empleado del IPV y en otras ocasiones como gestor político, mencionando identidades falsas y exhibiendo documentación con logos oficiales.
Todos los denunciantes dijeron que Bichara les solicitó sumas dinerarias y mercaderías de compensación por la gestión a realizar ante el IPV. Luego advirtieron que no había gestión alguna en su nombre; también quedó desvirtuado que se tratara de un empleado público.
Para la Fiscalía quedó demostrada la intención del imputado de engañar a sus víctimas por la gestión política o administrativa para la obtención de viviendas.