Según pudo conocer Nuevo Diario, los acusados Gustavo Alberto Russo y el principal Cristian Javier Cóceres, de la División Precursores Químicos y Drogas, declararon ante el juez federal N° 1, Julio Leonardo Bavio, hasta las 18.
Se fueron como llegaron, con una custodia de cerca de diez personas que ingresaron por la entrada del Juzgado que da al centro de calle España. Esta puerta es la que se encontraba con llave y sólo tenían acceso los trabajadores del juzgado.
Por la entrada que se ubica a la altura de calle España, llegando a Dean Funes, el ingreso estaba restringido por policías federales que tomaban los datos de quienes querían ingresar y si eran o no abogados. Al saber que había periodistas, decidieron indicar que no estaba permitido el ingreso y solo daban a conocer que estaba todo listo para tomar la declaración indagatoria.
En principio, se pudo saber que los uniformados se encuentran detenidos en la delegación salteña de la Policía Federal, y en la custodia fueron acompañados por agentes de esta fuerza de seguridad.
Por ahora, se entiende que hay otros 11 imputados por los hechos pero que están en libertad. Las fuentes indicaron que todos son policías federales.
Dos brigadas, un allanamiento
Según el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, la denuncia original sobre el dinero faltante vino de parte de agentes de la fuerza que habían trabajado en la investigación de “Ave Rapaz”, que estaba en manos de Bavio, hasta días antes de generarse el allanamiento en Buenos Aires, donde se encontraron 1116 kilogramos de cocaína.
Según se indicó, fueron cinco efectivos de una brigada anti-narcóticos perteneciente a Precursores Químicos, quienes concurrieron sucesivamente a la División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, a fin de declarar que habían sido trasladados a delegaciones del sur argentino, mientras otra brigada se había hecho cargo de una investigación que ellos habían llevado hasta el momento, en diciembre de 2017, justo cuando se estaba por producir un allanamiento de domicilios de narcotraficantes que recibirían cocaína procedente del Noroeste.
Fueron quienes indicaron que la nueva brigada, que se hizo cargo de la investigación, se había apropiado de gran cantidad de dinero procedente del allanamiento.
La cantidad estaba por encima de los 280 mil dólares que habían declarado de manera oficial.
