Se trata del subcomisario Ricardo Enrique López; el oficial auxiliar, Daniel Vizgarra; el sargento ayudante, Rafael Siares; el agente, Sergio López; la sargento ayudante, Nancy Bruna; y los cabos, Pedro Gustavo Carrizo, Carlos Alfredo Erazo y Javier Ramón Costilla; todos pertenecientes a la Brigada de Drogas Peligrosas sector 5.
A los policias se les agregan como imputados Sandra Elizabeth Serrudo y su hijo, Alfredo Thiz, ambos domiciliados en el bario Alta Tensión. La investigación se inició hace casi dos meses, por parte de la Policía Federal delegación Salta, que concretó los allanamientos del jueves. La pena por ese delito asciende a 16 años de prisión.
Intervención telefónica
La fiscal Buabse explicó que se dispuso dichas calificaciones penales a partir de la investigación que se inició, al intervenir el teléfono de la acusada Serrudo, sospechada de ser vendedora de drogas en barrio Alta Tensión.
En las primeras escuchas se confirmó la actividad de Serrudo, surgiendo que era protegida por efectivos del Sector 5 de Drogas Peligrosas. La protección consistía en avisar cuando existía alguna orden de allanamiento a la vivienda de Serrudo, a fin que la mujer “desarrollara sus tareas de comercialización de estupefacientes, sin contratiempos”.
El cabo Carrizo tenía 9 años de antiguedad en la fuerza de seguridad. La “connivencia del personal policial con Serrudo y su actividad ilegal” era tal que los policías “realizaban registros domiciliarios” en las viviendas de otras personas que se “dedicarían también a la venta de estupefacientes” en ese mismo territorio, resguardando el monopolio para su “protegida”.
El jueves los policías llevaban marihuana en los móviles, “para ser plantada” en la casa de un competidor de Serrudo, habiendo ido a la misma fiscalia de Buabse a solicitar la orden de allanamiento.
Jornada de imputaciones
De los diez acusados sólo declaró el subcomisario López, quien se defendió señalando que hace pocas semanas está trabajando en ese sector, desconociendo el accionar de sus compañeros. López negó estar implicado en las acusaciones realizadas por la fiscalía.
Todos los acusados estuvieron en presencia de sus abogados, tanto particulares como de la defensa pública. Se pidió al juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, que mantenga la detención para los diez imputados.
