JUICIO SIN LA QUERELLA

Juzgan a un femicida sin notificar a sus familiares

La Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Sebastián Fucho, comenzó el juicio oral contra Luis Frías, acusado por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y homicidio agravado por el vínculo y la violencia de género”, porque el 23 de diciembre de 2015 asesinó de una puñalada a su ex pareja, Graciela Carabajal.

NDS |

Ayer hubo una protesta con carteles de "Ni una menos", contra los femicidios en Joaquín V. González.
Ayer hubo una protesta con carteles de "Ni una menos", contra los femicidios en Joaquín V. González.

La audiencia continuará el 18 de abril, y es posible que se conozca la sentencia ese mismo día, sin embargo, la madre de crianza y tía, y el hijo de la víctima, no fueron notificados del inicio del proceso oral, ni fueron citados a prestar declaración en calidad de testigos.

La madre de crianza, Regina Carabajal; su madre biológica, su hijo mayor y otros familiares se manifestaron frente al Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, donde fueron recibidos por el juez Sebastián Guzmán, quien les informó que el juez Fucho tiene previsto realizar la próxima audiencia en la ciudad de Metán.

Los familiares plantearon su disgusto por no haber sido informados del inicio del debate, y reclamaron que la audiencia continúe en la ciudad donde se cometió el crimen, para posibilitar que puedan asistir, dado que no cuentan con fondos para costearse el pasaje hasta Metán.

También fueron recibidos por el fiscal penal Amado Gómez, quien interviene en este juicio, y a quien consultaron por los motivos por los que no los incluyó en la lista de testigos. Según informaron los familiares y periodistas que fueron testigos de la reunión, el fiscal aseguró que quien decide la lista de testigos es el juez.

Sin embargo, son las partes quienes proponen las pruebas antes del inicio del debate oral. La familia no participa como querellante porque, según explicó Regina Carabajal, no pudo pagar un abogado particular y cuando lo solicitó al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, le dijeron que el Estado no contaba con un abogado para la víctima, “para el agresor, sí”. 

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