FISCALES APORTAN DETALLES

La banda narco y sus ramificaciones internacionales

Los fiscales federales Ricardo Villalba y Diego Iglesias, y los abogados Nicolás Malone y Martín Olari, los dos últimos de la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF), aportaron ayer más datos sobre las ramificaciones de la organización que supuestamente dirige o dirigía Delfín Reynaldo Castedo. 

NDS |

Finca El Pajeal. Los Castedo tenían un corredor propio, una finca del lado boliviano que colinda con otra fina del lado argentino.
Finca El Pajeal. Los Castedo tenían un corredor propio, una finca del lado boliviano que colinda con otra fina del lado argentino.

Los fiscales recordaron que la hermana de Delfín, Roxana Castedo, es dueña de una finca del lado boliviano (30 mil hectáreas), que colinda con El Aybal (20 mil hectáreas) del lado argentino.

Roxana está casada con Mario Morfulis, sobre quien pesa un pedido de captura por narcotráfico. Está vinculado a una causa radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, en la que, entre otros acusados, está procesado su sobrino, Oscar Matías Morfulis.

Esta banda, integrada por empresarios que residían en el barrio Nordelta (Tigre), traía la droga desde Perú. Entre los acusados hay varios de nacionalidad colombiana, uno de ellos el piloto John Hamilton Rojas Núñez, a quien se vincula con el cártel “Los Machos”. 

Además en respuesta al abogado Mariano Álvarez, que había alegado falta de fundamentación en las afirmaciones de los fiscales, Malone añadió que Delfín Castedo está sindicado de ser el “principal proveedor” en la causa Carbón Blanco; insistió asimismo en que está vinculado al transporte de 180 kilos de cocaína secuestrada en El Quebrachal; detalló que está procesado como instigador del asesinato de Liliana Ledesma; y que está procesado por usar documentos falsos. 

La UIF es querellante en este proceso. Ayer Malone destacó que Castedo no ha podido explicar su crecimiento patrimonial. 

Su abogado afirma que trabajaba con Alberto Yudi (también procesado por lavado de activos) y en 1990 cobró 60 mil pesos de indemnización; entre 1990 y 1996  una casa de videojuegos  le reportó 400 mil pesos. Posteriormente adquirió la finca La Maravilla y luego El Aybal.

“No hay ninguna constancia de que eso se dio con fondos lícitos”, afirmó el abogado. Asimismo, insistió en que la venta de El Aybal de Castedo a Eduardo Torino (poco después del asesinato de Liliana Ledesma)  “simplemente fue una maniobra de registración comercial”. Y consideró acreditado que hubo lavado de activos, entre otros indicios señaló la ausencia de actividades lícitas y la conexión del acusado con actividades ilícitas. 

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