TIERRAS VASCAS vs LA COLMENA

Legislador nacional involucrado en un litigio por fincas en Rivadavia

“Tenemos un senador amigo que con un diario importante de Salta nos va ayudar en esto”. Esta y otras frases, adjudicadas a un representante de la empresa de Tierras Vascas, se habría pergeñado una campaña para presionar a la justicia salteña en el litigio que lleva más de diez años en manos de una jueza de Orán.

Entrada de la finca La Colmena que fue tomada con armas a mediados de abril de este año.
Entrada de la finca La Colmena que fue tomada con armas a mediados de abril de este año.

Además de hacer alusión a este legislador nacional, el portavoz de la empresa también hizo alusión como aliados principales en esta suerte de “operación mediática” a Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, el joven asesinado en un secuestro en el año 2004, y a un diario estrechamente vinculado al senador.

Días antes de que la aparición de Blumberg en un medio nacional (América TV), lo cual fue replicado de inmediato por un diario local, fuentes judiciales de Orán revelaron que este representante de la empresa hizo gala de la presión que estaba dispuesto a ejercer a fin de que el litigio resulte a su favor.

Juzgado de Orán

El litigio en cuestión se encuentra radicado en el Juzgado Civil y Comercial de Orán, bajo el expediente Nº 17.387/2007, a cargo de la jueza, Cristina Berbera, quien aún no resolvió un enfrentamiento entre dos propietarios que reclaman sus derechos sobre una parcela superpuesta que divide a las fincas Las Botijas y Las Colmenas.

Transcurridos los diez años sin ninguna definición, desde julio del año pasado, los propietarios de ambas partes comenzaron a tomar parte activa en la disputa, y cada uno usurpó y corrió de la propiedad en litigio a empleados de una y otra finca, accionar en el que se incluyeron no sólo cambiar el candado del portón, sino disparos intimidatorios y amenazas.

Al respecto, la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, dio a conocer una serie de hechos e imputaciones penales por distintos delitos que se realizaron desde la fiscalía en contra de empleados y representantes de ambas fincas.

Parcela superpuesta

Mientras que desde Tierras Vascas se puso en dudas la legitimidad del intendente de Rivadavia, Leopoldo Cuenca, sobre la parcela en cuestión que reclama para finca Las Botijas, este medio pudo conocer que el empresario Marcelo Pocovi, propietario de Tierras Vascas, compró la propiedad a sabiendas de que se trataba de una parcela superpuesta.

Por ello, se duda de las declaraciones de la empresa en torno a que fueron víctima de una usurpación ilegal de parte de empleados de la finca de Cuenca, quien a su vez fue el primero en denunciar la irrupción de empleados de Tierras Vascas en las tierras que están disputadas en el fuero civil.

La aparición de Blumberg, tal como él mismo lo mencionó públicamente, responde a la relación de amistad con Pocovi, quien también habría sido víctima del secuestro de un familiar, hecho que lo ligó al padre de Axel, quien creó una fundación llamada “Fundación Axel Blumberg. Por la Vida de Nuestros Hijos”.

En respuesta a esa amistad, Blumberg tomó la iniciativa y denunció a Cuenca como un símbolo de la corrupción en el Chaco Salteño. Acto seguido, y según el engranaje aludido por un representante de Tierras Vascas, un diario local reprodujo la denuncia de Blumberg y cargó más acusaciones en contra del intendente y su esposa.

Acuerdo político

Seguidamente, y en el marco del acuerdo político que este senador nacional pactó con el gobernador, Juan Manuel Urtubey, se celebró una reunión entre los dueños de Tierras Vascas y el ministro de Gobierno de Salta, Marcelo López Arias, quien públicamente se pronunció en dar respuestas a los reclamos de Pocovi.

Lo llamativo es que en ningún momento, tanto Blumberg, como el diario local aludido, ni López Arias dieron a conocer públicamente las denuncias e imputaciones penales que se iniciaron en contra de empleados y el representante legal de Tierras Vascas, como así tampoco el secuestro de dos camionetas de dicha empresa que eran reclamadas por un juzgado de Mendoza, por el delito de quiebra, entre otros detalles que se dieron a conocer desde la fiscalía.

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