INJUSTICIA

Liberaron al dirigente guaraní Arias pero prohíben acercarse a su sembradío

Tras 12 días de detención y con una movilización creciente, que incluso llamó la atención de organizaciones internacionales, finalmente el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, otorgó la libertad al dirigente guaraní César Arias.

NDS |

César Arias (centro) y Diana Situe, en la carpa al costado de la ruta nacional 34.
César Arias (centro) y Diana Situe, en la carpa al costado de la ruta nacional 34.

También le prohibió acercarse a su cerco en el territorio de uso ancestral de nueve comunidades indígenas, entre ellas Happo P+au, que ahora disputa el empresario Huberto Bourlon de Rouvre.

A pesar que la libertad fue ordenada el viernes 10, la Policía lo liberó al día siguiente. La libertad de Arias le fue comunicada a la Comunidad pasada la medianoche. A las 0.44 el cacique de la Comunidad Guaraní Happo P+au, Luis Omar Situe, informó que "al hermano César Arias le acaban de dar la libertad". 

Como estaba detenido en la Comisaría de General Ballivián, ubicada a 30 kilómetros de Embarcación, tuvieron que ir a buscarlo, a esas horas, en medio de una lluvia torrencial, contó el abogado Hernán Mascietti, que asiste a la Comunidad y que defiende a Arias. Recién a la 1.30 pudo hacerse efectiva la libertad. 

"Y esa dilación es determinada por la Policía y por todos los que quieren que nada, pero nada sea ni tranquilo, ni legal ni fácil para los hermanos", señaló Mascietti, quien adelantó que el martes próximo apelarán la prohibición de que Arias se acerque a cuidar de sus sembrados. 

Según la cédula de notificación, el juez no se pronunció sobre el pedido de libertad realizado por el defensor, sino que hizo lugar a medidas sustitutivas de la prisión propuestas por la fiscala penal de Embarcación, Lorena Martínez. 

El magistrado le impuso a Arias una serie de condiciones: "La prohibición de acercamiento personal y a los lugares que la víctima Huberto Bourlon de Rouvre y su grupo familiar frecuente, y de ejercer actos de violencia física y/o síquicos, de proferir insultos o palabras agraviantes o soeces o desplegar conductas amenazantes en su perjuicio".

Esto implica prohibirle acercarse a su cerco, porque está en el territorio en disputa con Bourlon, a quien la Comunidad viene denunciando por destruir sus cercos y sembradíos. 

Mariscal Astigueta también le impuso a Arias la obligación de presentarse ante la Fiscalía Penal de Embarcación todos los lunes, de 9 a 10, trámite que deberá cumplir durante 60 días. Y le prohibió "salir de su residencia de la provincia, sin autorización" suya. 

Represión y detención 

La libertad de Arias fue dispuesta tras doce días en que la Comunidad mantuvo una protesta continua reclamando por él. A la asistencia a la Fiscalía Penal de Embarcación, le sumaron luego una concentración al costado de la ruta nacional 34 a la altura de esa ciudad; y más tarde un corte de media calzada de esa ruta, lo que motivó una represión policial. 

Las acciones en el territorio fueron acompañadas por una profusa campaña de difusión que propagó la situación por comunidades originarias Y logró interesar a organizaciones internacionales como el Consejo Internacional de la Nación Guaraní y Aministía Internacional. Además, hubo protestas en Salta Capital, donde una integrante de la Comunidad El Mollar de Tucumán se manifestó durante todo el día, y miembros de la Comunidad Happo P+au, encabezados por Arnaldo Situe (uno de los cinco detenidos el día de la represión) participaron de la marcha de Familiares de Víctimas contra la Impunidad. 

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