En los primeros días de marzo la fiscal de Violencia de Género 1, Claudia Geria, había solicitado la detención de Ángel Tintilay, quien tiene un requerimiento de juicio por el delito de amenazas agravada por violencia de género en perjuicio de Natalia Ordoñez.
En su prontuario, en tanto, la fiscalía resaltó la existencia de una condena de dos años y medios de prisión de ejecución condicional por delitos de violencia de género en perjuicio de otra ex mujer, razón por la cual solicitó que Tintilay sea detenido, tanto por la peligrosidad que representa como por la posibilidad de fuga.
El pedido de detención, inicialmente fue radicado ante el Juzgado de Garantías 6 a cargo de la jueza Sandra Espeche, quien no quiso resolver el pedido y lo remitió al juez Diez, a cargo de llevar adelante el debate en contra de Tintilay.
Al momento de resolver el planteo, según los fundamentos esgrimidos, el juez Diez resolvió rechazar el pedido de detención. “Corresponde no hacer lugar al pedido de detención del acusado Ricardo Ángel Tintilay, toda vez que si bien existiría peligro procesal porque el acusado podría eventualmente tratar de eludir la justicia ante una posible condena de ejecución efectiva”, sostuvo.
Pese a ello, el magistrado agregó que “es reconocido constitucionalmente su derecho a mantener la libertad durante la tramitación del proceso”. Este argumento, es casualmente el que encendió la polémica, pues Diez se encuentra en la misma situación que Tintilay, por lo que las críticas se dispararon sobre la idoneidad del juez para resolver planteos de esta naturaleza.
En contra partida a ordenar la detención del acusado, Diez hizo una amplia referencia a la aplicación de medidas sustitutivas, entre ellas ordenar que el imputado se presente una vez a la semana en el tribunal de juicio, como así también la prohibición de abandonar el país o la provincia.
Entre otros argumentos, Diez sostuvo que “en nuestro ordenamiento jurídico la excepcionalidad de la prisión preventiva implica que la regla general es la libertad del imputado durante todo el proceso”. Incluso señaló que ante el incumplimiento de las medidas sustitutivas, las mismas se podrían tornar “más exigentes”, sin llegar a la detención.
El fallo de Diez en este caso no hizo más que todas las miradas se tornen en su propia situación procesal como el primer juez penal que se encuentra imputado por los delitos de “lesiones agravadas por la relación preexistente y por violencia de género; desobediencia judicial y amenazas con armas de fuego” en perjuicio de su ex mujer.
La imputación penal contra Diez es un escándalo que el Poder Judicial aún mantiene abierto, pues existe un requerimiento de juicio en contra del juez por los delitos mencionados, sin que la causa haya avanzado en los últimos meses.
Detienen a Tintilay
En cuanto a Tintilay, se pudo saber que la fiscalía insistió con el pedido de detención ante el Juzgado de Garantías 8 de Claudia Puertas, que también se negó a detener al acusado; quien en los últimos días finalmente agravó su situación personal a violar las medidas cautelares que le prohibían entrar en contacto con su ex mujer.
En vista de ello, y ante una nueva instancia de la fiscal Geria, la jueza de garantías 1, Ada Zunino, hizo lugar al pedido de detención de Tintilay, medida que se cumplió el sábado pasado por el delito de desobediencia judicial, hecho que no habría ocurrido de haberse aceptado el planteo fiscal inicial.
El caso, más allá de la situación especial del juez Diez, sin dudas refleja la distinta óptica que tienen los jueces penales en materia de violencia de género.
