El defensor oficial Martín Bomba Royo, que asiste a los acusados Faustino Irineo Ursagaste, Martín Alejandro Toledo, Mario Alejandro Zambrana y Jorge Alberto Maldonado, responsabilizó por estas irregularidades al juez federal Miguel Medina y al fiscal federal Ricardo Toranzos, de quienes dijo que no realizaron el control de la investigación, que estuvo a cargo de Gendarmería Nacional.
Bomba Royo planteó la nulidad del acta del procedimiento realizado en noviembre de 2015 en el acceso norte de Tartagal, en el secuestro de la droga, que era traída desde Salvador Mazza. Dijo que se hizo “sin orden de requisa y detención” y no se avisó inmediatamente al juez. Habló de “inconductas o irregularidades que comete sistemáticamente la fuerza de seguridad”.
Y cuestionó que Medina y el fiscal hayan recibido los aportes del “personal preventor” sin cuestionamientos y luego, “(el juez) se ve obligado a mantener la hipótesis del personal preventor” que había acercado “informes tendenciosos y parciales”.
El pedido se planteó en los alegatos del juicio que se lleva a cabo en la Sala I del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, presidido por el juez Mario Gómez Almaraz.
Ursagaste y Toledo, funcionarios del SENASA, iban en un automóvil Fiat Idea que llevaba la droga, acondicionada en 120 paquetes que contenían los 126 kilos. Posteriormente fueron detenidos los otros ahora imputados.
El fiscal federal Carlos Amad pidió 13 años de prisión para Jorge Luis López Segade, como organizador de tráfico de estupefacientes. Para Ursagaste, Toledo, Zambrana, Maldonado y Eduardo Rubén Arroyo pidió penas de 11 años, como coautores de transporte de estupefacientes agravado por el número de pertícipes.
Los abogados Matías Adet y Héctor Lufrano (por López Segade), Félix Arancibia (por Arroyo) también plantearon la nulidad de la causa. La decisión del tribunal se conocerá el 17 de octubre.
