EL JUEZ PABLO MARIÑO

Piden se suspenda el sumario al juez Diez por violencia de género

El juez Pablo Mariño recomendó que se suspenda el sumario administrativo que se sigue al juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Federico Diez, por las denuncias penales de violencia de género y amenazas con arma de fuego que pesan en su contra. 

NDS |

El juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Federico Diez, acusado de violencia de genero y amenazas.
El juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Federico Diez, acusado de violencia de genero y amenazas.

La noticia, difundida primero por el portal Interactiva Noticias, fue confirmada a Nuevo Diario por una fuente  involucrada en la causa judicial que se sigue al magistrado por los hechos de violencia que se le imputan. 

Interactiva publicó tramos de la recomendación de Mariño, fechada el 15 de este mes. Plantea la suspensión del sumario administrativo hasta que haya una resolución en la causa judicial. “Tanto la ley como la jurisprudencia, como la doctrina, establecen que, en determinadas condiciones, el derecho administrativo sancionador y/o disciplinario, deben necesariamente esperar, el conocimiento de la resolución definitiva de la causa penal, para resolver el correspondiente sumario”, sostiene el magistrado.

Al parecer, el pronunciamiento se originó en un pedido en tal sentido realizado por el propio Diez. En la recomendación, Mariño recordó que el Reglamento de Sumarios Administrativos prevé también que se suspenda el curso de la prescripción, de manera de evitar que este trámite caiga por demoras en la causa judicial.

Diez está imputado por lesiones agravadas por violencia de género y amenazas con arma de fuego en perjuicio de su ex pareja. La fiscal de Violencia de Género 4, Elisa Pérez, ya solicitó que sea elevada a juicio pero hasta ahora la jueza Ada Zunino no se ha pronunciado.

Varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres han manifestado a la Corte de Justicia su preocupación por el hecho de que el magistrado acusado continúe interviniendo en distintas causas. 

Las organizaciones plantearon el “temor y la desconfianza que genera que quien enfrenta un proceso penal por violencia de género en el ámbito familiar, pueda seguir tomando decisiones jurisdiccionales en temas directamente vinculados al delito que se le adjudica al magistrado”.

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