Doscientos cincuenta efectivos de Salvador Mazza y 150 que fueron trasladados para brindar apoyo, concretaron el procedimiento que tenía varios meses de investigación a cargo del juez federal de Orán, Gustavo Montoya.
Se trata de mercadería que carecía de documentación y era parte de un contrabando de exportación. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la Dirección General Impositiva y de Aduana.
Los allanamientos previstos eran un total de 24, sin embargo se alcanzó la cifra de 12, entre galpones (para acopio de granos) y oficinas de las empresas relacionadas a apellidos conocidos en la zona, que mantienen esas actividades.
No se produjeron detenciones, considerando que se trata de delitos tributarios sobre todo. Los galpones allanados en Salvador Mazza se encuentran a solo 20 o 30 metros de edificaciones similares en Pocitos, del lado boliviano. Esta cercanía permite el paso de mercadería sin documentación.
Consultadas fuentes judiciales sobre la normativa existente para las edificaciones en zona de frontera, refirieron que la ley detalla que entre las construcciones debe haber una distancia mayor a los 500 metros. Aquí no se cumple, ya que los fondos de las viviendas colindan en la zona de la quebrada.
Se solicitó apoyo de gendarmes de Tucumán y Jujuy, porque se estimaba que podría haber enfrentamientos con los bagayeros.
