Así lo informó el abogado Hernán Mascietti, al indicar que los hechos se generaron en el marco de una disputa de tierras que ya cuentan con la orden de desalojo emitida por el juez de Tartagal Mariscal Astigueta desde 2015, pese a que las tierras fueron relevadas como territorio de la comunidad en el marco de la Ley 26.160, que a su vez prohíbe los desalojos de comunidades originarias.
El juez acusó a Lucía Ibáñez y Carlos Morales de ser los usurpadores de las tierras, pese a que Morales afirma que nació en ese lugar y vivía desde siempre en una vivienda de esa zona. Ya en 2015 libró la orden de desalojo y luego solicitó que se verifique si se vulneraba el derecho de niños, niñas y adolescentes o personas con movilidad reducida que vivan en el lugar.
La orden del juez, que fue a instancias del fiscal penal de Profesor Salvador Mazza, Armando Cazón, fue por la demanda presentada por Clyde Marcel Gómez y Fannely Beatriz Gómez, quienes denunciaron la usurpación el pasado 25 de junio de 2015.
En parte del escrito el juez habla de un "reintegro provisorio" del inmueble a las demandantes. Según la demanda, el catastro que está en disputa es el N° 7131 de Salvador Mazza. Sin embargo, por lo que se pudo conocer de la Dirección General de Inmuebles, este catastro aparece en Tartagal (no en Salvador Mazza), y es propiedad de la provincia.
A ello se suma que hay un terreno que tiene como propietaria a Clyde Gómez en Salvador Mazza, pero cuya matrícula es 17.519, y que habría al parecer pasado de la Municipalidad a manos de la demandante.
Según esta fuente oficial de datos, no existiría otro terreno a nombre de las mujeres en Salvador Mazza. Sin embargo, el expediente sigue con una orden de desalojo y pese a que esto no fue concretado por fuerzas de seguridad, los originarios afirman que siempre se los amenazó con sacarlos de otros modos de ser necesario, como ocurrió el jueves en la madrugada.
“Niega a los niños”
“A pesar de haber demostrado la existencia de niños, en todos los expedientes, sin haberse acercado a la comunidad, niega la existencia de niños ni mandó al servicio de tribunales para hacer un informe ambiental profesional correspondiente”, denunció el abogado Mascietti al apuntar en contra de Mariscal Astigueta.
Recordó que Astigueta es el mismo juez que decidió mantener detenido a César Arias durante más de 20 días por una amenaza simple en contra de los empresarios Huberto Bourlon de Rouvre y Julio Ortega Velarde, en la causa de la comunidad Happo P+au de Embarcación. Arias es un dirigente de la comunidad que aún resiste en Embarcación por sus tierras.