Fue en una audiencia celebrada ayer en el Juzgado de Garantías 6, la jueza, Sandra Espeche. La causa de la fiscalía es la que se lleva adelante contra el oficial auxiliar, Luis Guillermo Moreyra y el cabo Claudio Fabián Galván, dos de los once “narcopolicías” detenidos entre octubre y noviembre pasado.
Según fuentes judiciales, los abogados Alexis Morales y Martín Heredia Galli, defensores de Galván, habían recusado al fiscal, como así también solicitaron la sustitución de la prisión preventiva de su cliente, planteo que de haber prosperado habría beneficiado a ambos efectivos.
En la audiencia, los abogados insistieron en cuestionar el accionar de la fiscalía respecto a las medidas probatorias que llevaron a la cárcel a su cliente, sin embargo, la jueza Espeche rechazó los argumentos por considerar que no había elementos que permitan poner en tela de juicio el proceso penal dirigido por el fiscal.
Sustitución de prisión
Asimismo, la magistrada rechazó el pedido de sustitución de prisión preventiva, aunque sí dispuso que las autoridades de la Alcaidía Judicial tomen las medidas necesarias a fin de que Galván sea aislado y se refuerce su seguridad.
De esta manera, la situación de los dos narcopolicías quedó aún más comprometida, pues la jueza revalidó las pruebas reunidas hasta el momento por la fiscalía, entre ellas las numerosas intervenciones telefónicas que prueban cómo Galván y Moreyra se ponían de acuerdo para perjudicar a una mujer, a quien pretendían incriminarla en un procedimiento antidroga.
Como ya se informó, los dos policías imputados, pertenecientes al Sector 6 de la División de Drogas Peligrosas, fueron detenidos a partir de una compleja investigación penal llevada adelante por la fiscalía con personal de la Delegación local de la Policía Federal.
La fiscalía pudo establecer que Moreyra y Galván habían plagiado un procedimiento antidroga, en el cual intentaron involucrar a una mujer, como supuesta integrante de una red de venta de drogas al menudeo. Para ello, los policías se valieron de una menor y de otras maniobras tendientes a confundir a los testigos civiles.
De esta manera, lograron falsear las actas del procedimiento, como así también privaron de la libertad a la víctima. En vista de ello, la fiscalía imputó a los dos efectivos los delitos de "falsedad ideológica, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad agravada".
