EN CACHI

Referentes diaguitas imputados en un conflicto territorial ancestral

Nueve miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki Fuerte Alto, cuyo territorio se encuentra a unos 7 kilómetros al noroeste de Cachi, debieron presentarse ayer ante la Fiscalía Penal N° 1, a cargo de Gabriela Romero Nayar.

NDS |

Dora Siares, Reymunda Casimiro y Miguel Plaza de la Comunidad Diaguita Kallchaki Fuerte Alto de Cachi
Dora Siares, Reymunda Casimiro y Miguel Plaza de la Comunidad Diaguita Kallchaki Fuerte Alto de Cachi

Los referentes de las comunidades debieron presentarse por estar acusados por turbación de posesión, daños y desobediencia judicial, delitos que se les atribuyen en el marco de un conflicto que mantienen desde hace seis meses con dos privados, Alicia y Carlos Portal, que son titulares registrales de unas 5 hectáreas comprendidas dentro del territorio que la Comunidad reivindica como de uso tradicional. Los integrantes de la comunidad fueron acompañados por los abogados Verónica Huber y Rafael Delgadillo, y por autoridades de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPDN).

En su presentación ante la fiscalía los referentes comunitarios plantearon que la Justicia hace caso omiso a sus denuncias por los atropellos que vienen sufriendo, que incluye el corte de agua y dificultades para que los niños vayan a clases.

Postura abusiva del fiscal

El primer representante de la Comunidad (Miguel Plaza) y la segunda representante (Dora Siares), ambos imputados con Reymunda Casimiro, afirmaron, en declaraciones a Nuevo Diario, que la fiscal Romero Nayar tomó una postura abusiva en favor del derecho individual, violando y desconociendo los derechos colectivos que los amparan como pueblos originarios.

En un comunicado, la UPDN informó que “el parcial accionar de la Justicia” se da en el conflicto territorial que viene siendo denunciado desde el 7 de julio último, y enfrenta a la Comunidad con los particulares Carlos Portal y Alicia Portal, el primero profesor y ex candidato a decano en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), quienes “dicen ser titulares registrales pero que jamás han vivido ni han hecho posesión del territorio que pretenden”.

Plaza y Siares contaron que en el último tiempo “de forma violenta y custodiados por la policía local colocaron un alambrado, construyendo nuevas acequias que dividieron nuestro territorio productivo y nos impiden el acceso al rastrojo, frutales, viñas, sitios sagrados de celebración ancestral a la Pachamama; y al derecho al agua para consumo y riego de los comuneros”.

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