También, los hechos “en perjuicio de Santos Benjamín Verón, Edith Casassola y Olga Casassola en dependencias de la Comisaría de Orán”. Y que “se investiguen los hechos cometidos en perjuicio de Cecilio Quevedo Ledesma, Enrique Agüero, Antonio Luis Frígoli y Silvia Etel Lifman”.
Asimismo, requirieron que continúe la investigación del homicidio del docente universitario Miguel Ángel Arra. Y solicitaron que “se investiguen las responsabilidades de (los comisarios) Víctor Hugo Almirón y Antonio Saravia, y otros funcionarios que pudieran resultar responsables, por los hechos cometidos en perjuicio de Miguel Ángel Arra”.
Abuso sexual
Los fiscales dedicaron tiempo de su argumentación a exponer sobre la práctica sistemática de abusos sexuales a detenidas (y detenidos) por razones políticas durante la vigencia del terrorismo estatal. En 2010 estos hechos fueron equiparados a las torturas y declarados imprescriptibles, igual que las otras prácticas que llevaron adelante los genocidas.
Los fiscales acusaron a Miguel Gentil de haber cometido los delitos de “imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político (…) en concurso real con el delito de violación agravada por el concurso de dos o más personas, cometidos en perjuicio de Juana Isabel López”, quien fue secuestrada en Metán y trasladada a un centro clandestino de detención en esta ciudad, donde fue sometida a violaciones por parte de sus captores, personas del Ejército, según pudo observar ella misma por una hendija de la venda que le cubría los ojos.
