El 15 de diciembre de 2015 la Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, que por unanimidad de sus miembros había resuelto sobreseer a Ramos, considerando que las causas penales existentes en su contra habían prescripto.
Llevada la causa a la Nación por vía de un Recurso Extraordinario interpuesto por el Fiscal ante la Corte salteña, Alejandro Saravia, aquel Tribunal Superior Nacional, siguiendo los lineamientos del dictamen de Eduardo Ezequiel Casal (Fiscal ante la Corte Nacional), revocó también por unanimidad la absolución en contra del ex intendente Ramos y decidió volver las actuaciones al Tribunal de origen, esto es la Corte de Justicia de la provincia de Salta, para que ésta resuelva enviar a juicio oral y público a Sergio Omar Ramos.
Llegadas las actuaciones de regreso a Salta, los miembros de la Corte de Justicia que habían actuado con anterioridad se excusan de seguir interviniendo, procediéndose a hacer un sorteo entre los miembros de los Tribunales de segunda instancia en lo Penal, integrándose en definitiva esta nueva Corte ad hoc con Rubén Arias Nallar, Pablo Arancibia, Norma Vera, José Luis Riera, Paola Marocco, Marcelo Rubio y Virginia Solórzano.
La misión de este Tribunal ad hoc se limita a derivar la causa enviada por la Corte Suprema a un Tribunal de Juicio para llevar adelante el juicio oral y público en contra de Ramos. A pesar de ello, la demora de este Tribunal en concretar esa simple tarea sería un fundado indicio de la falta de voluntad de cumplir con la orden de la Corte Suprema y demorar la causa para que ésta prescriba por el transcurso del tiempo.
Ese indicio se torna evidente ante la actitud del Tribunal frente a los varios requerimientos de un pronto despacho interpuestos por el Fiscal actuante, el mismo Alejandro Saravia, Fiscal ante la Corte.
“Sería repetir en nuestra provincia lo realizado en Santa Cruz cuando se incumplió por tres veces los mandatos de la Corte Suprema de reponer en su cargo al entonces Procurador General, Eduardo Costa. Esta es la gravedad institucional de lo que está pasando en esta provincia: un alzamiento en contra de la Corte Suprema”, opinó ayer un alto funcionario judicial.
Desde que esta causa fuera enviada por la Corte Suprema, el 15 de diciembre de 2015, hasta la fecha han transcurrido 15 meses sin que se haya cumplido con la orden dada por el Alto Tribunal.
El tiempo para la prescripción de la causa está corriendo, así como el plazo razonable que imponen los Tratados Internacionales. Mientras tanto se siguen incumpliendo los compromisos asumidos en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, que obligan a nuestro país a perseguir este delito.
"La caudas de los intendentes"
Ramos se desempeñó como intendente de Rosario de Lerma ininterrumpidamente durante 20 años, desde 1995 hasta 2015. Estaban imputados él y otros intendentes de otras localidades de la provincia, por la supuesta comisión de diversos delitos en contra de la Administración Pública.
Esa causa, conocida como "La de los Intendentes", involucró a 14 de ellos, siendo algunos ya sobreseídos por la prescripción de sus respectivas causas.
El único acto procesal que faltaría es la remisión a juicio de esas causas, que involucran hechos como fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, peculado, demora injustificada de pago, incumplimiento a los deberes de funcionario público, en concurso real, es decir, se trata de hechos reiterados.
“Demasiadas obligaciones incumplidas por la Justicia de la provincia de Salta como para afirmar que en ella haya un verdadero Estado de Derecho”, se opinó ayer en los pasillos de la Ciudad Judicial.
