Desde agosto, cuando tomó estado público, la causa por violencia de género contra el juez de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Federico Diez, está a la espera de que la jueza de Garantías N° 1, Ada Zunino, y la fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 4, Elisa Pérez, se pongan de acuerdo sobre si se van a incorporar o no más pruebas antes de elevarla a juicio.
El magistrado, que sigue en funciones, está acusado por los delitos de lesiones y amenazas con arma. Fue denunciado en los primeros días de julio pasado por su ex pareja. En agosto la fiscal pidió la elevación a juicio de la causa, pero la jueza considera que antes se deben tomar más medidas de prueba. En esa discusión está estancado el proceso, a pesar que las abogadas Josefina Arancibia y Gloria Cruz, representantes de la mujer, que participan en este proceso como querellante y actora civil, ya hicieron dos presentaciones, en septiembre y octubre pasados, pidiendo que se tome una decisión y se permita el avance del trámite judicial.
“La causa penal está medio parada, desde que tomó estado público quedó ahí”, afirmó Arancibia ante una consulta de Nuevo Diario. “No sé por qué motivo no avanza”, lamentó la letrada.
En agosto pasado el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados, la Multisectorial de Mujeres, la Comisión de la Mujer de la UNSa y Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) denunciaron que la investigación estaba demorada por influencia del magistrado denunciado.
Pedido al Gobierno
La denunciante del juez Federico Diez pidió “la intervención del (Ministerio de Derechos Humanos) y Justicia” debido a que desde fines de agosto no cuenta con protección de ningún tipo, a pesar que la Justicia reconoció que se está en presencia de la posibilidad de un peligro cierto. Según explicó la abogada Arancibia, la Justicia puso a la mujer en una lista de espera, para darle un botón anti pánico.
La abogada explicó que al principio la Justicia le proveyó un botón a la denunciante, pero al parecer no tenía buena señal en su domicilio, lo que motivaba que se disparara la alarma cada vez que ingresaba. Por ese motivo se le retiró el botón y, ante una presentación de sus abogadas, se dejó una “consigna policial por diez días prorrogable por diez días más”, por lo que “al día de hoy ya no hay consigna”.
Arancibia contó que en el Juzgado y la Fiscalía les dijeron que “por desperfectos técnicos” no tienen cómo restituir el botón anti pánico, “así que la pusieron en una lista de espera”. “Por eso nosotras dimos a conocer esta situación, para que intervenga el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, y estamos esperando a ver si se puede resolver esta discusión entre fiscal y jueza”, sostuvo la letrada.