Se trató de un ardid entre dos hombres violentos en contra de una mujer y sus hijas menores de edad que tenía, como única finalidad, despojarlas del terreno en donde habitan y quedárselo para ellos.
Uno ellos es la ex pareja de la víctima y el otro es su sobrino. Entre ambos, sometieron a la mujer y a sus hijas a una infinidad de situaciones de violencia. Los dos se encuentran denunciados en múltiples causas que se tramitan en diferentes fueros y en paralelo e incluso, en algún momento, ellos se denunciaron entre sí. Luego, se aliaron y mintieron.
En el terreno motivo de la discordia convivía el sobrino con sus hijos, su tío, la mujer agredida y las hijas menores de edad que la ex pareja tiene en común.
Originalmente, el sobrino había sido excluido del hogar, al igual que su tío, por haber ocurrido múltiples y muy complejas situaciones de violencia y delictivas que se tramitaron luego, por vías diferentes, en los fueros correspondientes.
Sin embargo después, habiendo declarado los hombres que las situaciones de violencia que se generaban entre ellos y que afectaban al grupo familiar habían cesado, se levantó la exclusión del hogar al sobrino y se le permitió el reingreso a una propiedad que continúa siendo habitada por la ex mujer de su tío y en contra de quien, entre ambos, ejercen diferentes tipos de violencia que, incluso, afectan a las menores de edad que conviven con todos.
Aquí fue donde la intervención de la Defensora Oficial para Víctimas de Violencia Familiar y de Género N° 2, Liza Medrano, resultó determinante.
Sucede que las Defensorías Especializadas que funcionan en la provincia tienen asignadas, como singularidad a nivel nacional, una competencia multifuero que les permite un abordaje transversal en cuestiones civiles, de familia y penales.
Entonces, tramitando una causa por violencia familiar ante el Juzgado de 1era. Instancia en lo Civil, de Personas y Familia N° 6, a cargo de Daniel Canavoso, Medrano reunió antecedentes e información sobre las causas vinculadas a ese fuero y sobre las penales que pesaban sobre el sobrino.
El resultado final fue una nueva resolución judicial en la que el juez expresa que deja sin efecto una resolución anterior y ordena la inmediata exclusión del hogar del violento, bajo apercibimiento de proceder al desahucio por la fuerza pública.
En el mismo documento, el magistrado dispone el reingreso de la víctima y sus hijas menores de edad a la casa familiar; ordena custodia policial fija en el domicilio e impone una multa económica que el agresor deberá abonar a la agredida.
