Así lo informó FM Alba tras tener entrevista con el juez, a quien se le realizaron las consultas luego de detectar que integrantes de la Policía Científica de la Policía Federal empezaron a tomas muestras de las aguas en distintos lugares sobre el canal, a fin de comprobar legal y científicamente lo que el juez pudo observar cuando se hizo la inspección ocular.
"Una obra a largo plazo puede llegar a solucionar de manera definitiva, que es lo que se procura, pero yo quiero que se finalice de la mejor forma posible, así sea provisoria, pero que minimice lo que yo pude observar", indicó el juez al hablar con la radio norteña. Por ahora se espera que los resultados de los estudios se encuentren listos la semana que viene, dado que los análisis serán hechos por el Laboratorio Químico de la Policía Federal.
Al problema de los olores se sumaron hasta el momento las denuncias por problemas de salud que se estima sobrevienen de la situación del vertido de líquidos cloacales o mal tratamiento de estos líquidos al canal y que impactaría en mayor medida sobre los más pequeños.
Ante ello, el juez federal solicitó que se presenten ante el juzgado los certificados médicos que dan cuenta de la situación, si bien hasta ahora no hubo ningún informe del Hospital Zonal que confirme el problema.
Un problema de un año y medio
El ex concejal Nino Arzalán, quien a su vez es uno de los vecinos que se encuentra alcanzado por los perjuicios que genera esta situación, indicó que el problema de los líquidos cloacales se inició hace un año y medio, cuando empezó a contaminarse el canal sur que cruza al menos seis kilómetros desde la entrada de la ciudad hasta el río Tartagal, en donde sostuvo desembocan estos efluentes.
Al hablar con Nuevo Diario, aseguró que se hicieron las reuniones con funcionarios de Aguas del Norte. Las explicaciones apuntaron a que una de las tuberías centrales que lleva estos líquidos se habría dañado ante los trabajos en la construcción del edificio de la Ciudad Judicial. La rotura fue, sobre todo, a la altura de Villa Saavedra.
Según Arzalán, en aquel momento se indicó que los daños sobrevinieron de los movimientos de terreno que se hicieron en el edificio, dado que los caños además de tener una antigüedad importante eran de fibrocemento y se rompieron.
Aseguró que el tema fue planteado ante la provincia, razón por la cual se había dispuesto una licitación de entre 5 y 7 millones de pesos. Sin embargo, no se conoció más del tema.
Mientras, indicó que también se presentó una nota al titular del INADI en Salta, Alvaro Ulloa, al entender que se genera una suerte de discriminación en contra de los vecinos que viven en los barrios aledaños a la cañería central dañada, ante la situación socio-económica en la que se encuentran.
En la nota firmada por varios vecinos en agosto de este año indican que el problema subsiste desde hace casi un año y la pérdida de líquidos cloacales "tiene un recorrido de aproximadamente unos 3000 metros por el canal, causando un tremendo impacto ambiental de contaminación y contaminando a seres vivos que se cruzan y viven en cercanías del lugar, a causa de los gases que emana ese líquido".
Los vecinos son de barrios San Isidro, Judicial, Nacional, Saavedra, Tomás Sánchez y Jardín, entre otros.
