Pero esta defensa se vio frenada luego de que la fiscal Romero Nayar y el juez de Garantías N° 5, Héctor Martínez, decidieron archivar “todas” las presentaciones de la Comunidad, entre las que se contaban cinco denuncias penales en la Comisaría de Cachi y la Fiscalía Penal Delegación Cachi y escritos presentados ante el Ministerio de Asuntos Indígenas, el Consejo de Participación Indígena del Pueblo Diaguita (CPI), el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y la Dirección de Pueblo Originario en la Municipalidad cacheña.
La entidad que agrupa a los pueblos diaguitas recordó que también denunciaron esta situación ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta, por el corte de agua que se utiliza para consumo, y “hasta el día de la fecha no hay ningún tipo de respuesta”.
Medida de no innovar
La abogada Huber informó que en cuanto al conflicto por la tierra, plantearán una medida de no innovar para mantener en la práctica las cosas como se encuentran en este momento, mientras se intenta avanzar en la discusión de fondo de la propiedad de la tierra donde habitan desde siempre estas familias campesinas.
